Derecho Mercantil

Entiende la DGSJFP que la naturaleza participativa de un préstamo no impide su consideración como crédito refaccionario si su objeto es la financiación de obras sobre inmuebles.

La indemnización por clientela en los contratos de agencia debe calcularse conforme al artículo 28 de la Ley del contrato de agencia y dado el carácter imperativo de dicha norma, no resulta admisible la aplicación de una moderación o reducción porcentual sobre el importe máximo legalmente establecido.

Debida a la existencia de un complejo contractual coaligado, la falta de información adecuada prestada por la entidad bancaria vicia el consentimiento de los prestatarios en relación no solo al producto financiero sino también al propio préstamo hipotecario garantizado.

La cláusula de comisión de subrogación es abusiva, ya que el banco no demostró la efectiva prestación de servicios específicos vinculados a dicha comisión, como exige la normativa para comisiones distintas de la originaria comisión de apertura.

El informe de evaluación de la conformidad debe incluir una determinada información mínima y cumplir las especificaciones establecidas en el anexo III del Rgto (UE) 2025/2162.

La Audiencia Provincial debió aplicar de oficio los intereses de mora de conformidad con la Ley de Contrato de Seguro a la aseguradora condenada solidariamente en apelación, sin que ello suponga una reformatio in peius, dado que la aseguradora fue absuelta en primera instancia y no se agrava su situación jurídica.

El Tribunal Supremo considera adecuado aplicar el baremo de valoración de daños de la Ley 35/2015 de forma orientativa en sectores distintos al tránsito de vehículos, aunque el siniestro sea anterior, en aras a garantizar una reparación íntegra y actualizada de los daños, sin que tal aplicación lesione los principios de igualdad, irretroactividad o seguridad jurídica.

Cuando un perjudicado opta voluntariamente por reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria mediante procedimiento administrativo y la resolución desestimatoria adquiere firmeza por no ser recurrida en vía contencioso-administrativa, no puede posteriormente ejercitar la acción directa contra la aseguradora de dicha Administración en la jurisdicción civil para obtener una indemnización.

La Audiencia Provincial aprecia un defecto formal insalvable en el plan de reestructuración al no prever expresamente la extensión de efectos a la garantía hipotecaria otorgada por una sociedad del grupo. La medida, crucial para la viabilidad del plan, no puede introducirse en el auto de homologación si no figura en el propio plan, lo que obliga a revocar la extensión acordada.

La Audiencia Provincial declara improcedente la extensión de los efectos del plan de reestructuración a los socios avalistas, al entender que el régimen excepcional previsto para las garantías intragrupo solo alcanza a las sociedades del grupo y no a las personas físicas, aunque ostenten el control o la administración de las deudoras.

La acción rescisoria concursal carece de un plazo autónomo de caducidad o prescripción. Su ejercicio está limitado al período de vigencia del procedimiento concursal, de modo que nace con la declaración del concurso y se extingue con su conclusión.

Aunque la ley no lo exige de manera expresa, la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones del cargo de administrador-persona jurídica requiere la aceptación expresa de dicha persona física y su inscripción, toda vez que esta persona física está sujeta a los mismos deberes y responsabilidades que un administrador.