Derecho Mercantil

La mera presentación de las cuentas anuales no basta para evitar el cierre registral si han sido objeto de calificación negativa y no se subsanan dentro del plazo legal.

La presentación de una certificación del órgano de administración acreditando la falta de aprobación de las cuentas anuales, con expresión de su causa, basta para levantar el cierre registral, aun cuando las cuentas no hayan sido formuladas por el administrador.

En un proceso en el que se desestima la acción de responsabilidad por deudas contra el administrador, debido a que el demandante no acreditó que la deuda reclamada fuera posterior a la causa de disolución, se condena sin embargo al administrador al pago de dicha deuda con fundamento en la acción de responsabilidad por daños acumulada en la demanda, debido a que quedó acreditado mediante indicios (cierre de hecho, impago generalizado de deudas, falta de depósito de cuentas, ejecución judicial infructuosa contra la sociedad) que, estando la sociedad en causa de disolución en una fecha posterior al nacimiento de la deuda, el administrador incumplió su deber legal de promover una liquidación social ordenada, sin que se sepa el destino que dio a los activos sociales con los cuales se podía haber pagado, al menos en parte, la deuda reclamada.

Tratándose de un contrato consensual, la deuda nace con la perfección del mismo, esto es, por el concurso de la oferta y la aceptación, y no cuando, incumplido el contrato, se despacha ejecución contra la parte incumplidora. En todo caso, corresponde al acreedor demandante alegar la concurrencia de los presupuestos de la acción de responsabilidad, y, entre ellos, la fecha de nacimiento de la deuda que reclama, pues, con fundamento en este régimen de responsabilidad por deudas, el administrador solo responde de las posteriores a la causa de disolución.

En el ámbito de la SRL el liquidador nombrado por la junta general solo puede ser cesado por ésta, sin que sea aplicable la previsión legal exclusiva de SA de separación judicial o registral del liquidador por justa causa (como el incumplimiento de obligaciones), ni tampoco el cese por las causas de separación previstas en el Código de Comercio para las sociedades personalistas.

En el caso de que el cónyuge titular de las acciones/participaciones con carácter privativo cree o mantenga un entramado societario con fines fraudulentos, para perjudicar a tercero (como su otro cónyuge, tras el divorcio), los tribunales, mediante el levantamiento del velo societario o el fraude de ley, pueden atribuir directamente a la sociedad de gananciales tanto los beneficios destinados por la sociedad a reservas durante la vigencia del matrimonio, como los dividendos distribuidos constante el matrimonio a sociedades interpuestas.

Se deniega la reserva de denominación social «CAAE, Sociedad Limitada» por la semejanza gráfica y fonética con las denominaciones de otras sociedades existentes («CAE S.A.», «CAHE S.A.», «GAE S.A.» y «C.A.E. de España).

El reconocimiento de una relación laboral en sede social calificada como ayudante de taller con dependencia y salario, no excluye el reconocimiento de derechos de autor en sede civil por la coautoría de unas obras pictóricas, ya que la originalidad y la contribución creativa son requisitos independientes.

Aunque ambas marcas se apliquen a productos de la misma clase (25 del nomenclátor), las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales son suficientes para excluir cualquier confusión. El renombre no garantiza por sí solo la infracción del derecho de marcas, siendo necesario acreditar la existencia de evocación o perjuicio efectivo.

La distintividad de una marca numérica debe evaluarse conforme a su capacidad para identificar el origen empresarial de los productos sin aplicar un criterio restrictivo sobre la admisibilidad de este tipo de marca, incluso cuando no presentan alteraciones gráficas especialmente creativas o artísticas.

Aplicación de la excepción recogida en Ley de Enjuiciamiento Civil (art.413.1) para tener en consideración hechos posteriores a la demanda que privan de interés legítimo a una parte, como la caducidad sobrevenida de una marca opositora en procedimientos de propiedad industrial, adaptando la interpretación del principio de perpetuatio iurisdictionis a situaciones concretas que afectan a la legitimación y al objeto del proceso.

La ampliación de la cantidad garantizada en una hipoteca unilateral tributaria aceptada, en sustitución de medidas cautelares, puede configurarse unilateralmente, bien como una ampliación de la hipoteca existente, bien mediante una nueva hipoteca, siempre que así resulte de la voluntad manifestada y de la certificación administrativa.