Derecho Laboral

La modificación de un convenio es nula cuando se negocia y firma con una mayoría sindical calculada sobre toda la empresa, pero el ámbito pactado excluye un centro de trabajo y esa mayoría desaparece en el ámbito realmente afectado. La correspondencia entre representatividad y ámbito del convenio debe existir también en la modificación parcial.

El BNR 6/2026 recoge las actuaciones relacionadas con la creación del contrato para transición al empleo ordinario en empresas de inserción y con bonificaciones en la cotización para la contratación de personas en exclusión social. También informa sobre la regularización administrativa extraordinaria en la que el número de la Seguridad Social se va a asignar automáticamente. Por último, anuncia mejoras operativas en la gestión de prestaciones por nacimiento a través de TUSS Representantes y la puesta en marcha de la versión 5.0 del Fichero INSS Empresas, cuya entrada en vigor está prevista para el 10-6-2026.

La fecha de efectos económicos de una IPA derivada de enfermedad común reconocida a un trabajador autónomo por sentencia judicial, con apoyo en un segundo informe del EVI, emitido tras uno anterior que había denegado la prestación por no alcanzar las lesiones la gravedad suficiente, deben quedar referidos a la fecha en la que en la sentencia se entienda que se ha producido la situación que da lugar a dicha IP.

La remisión del plan de igualdad a una futura regulación legal no extingue íntegramente el permiso pactado si la nueva norma no reproduce todos sus supuestos de hecho. El permiso legal por fuerza mayor absorbe solo las situaciones urgentes que encajan en su ámbito, pero subsisten las horas de acompañamiento no cubiertas por la ley.

El aumento temporal del número de usuarios del comedor de un centro educativo por encima de los ratios establecidos justifica la contratación temporal de una cocinera para hacer frente a la acumulación de tareas. La redacción de la causa contractual relativa al aumento de usuarios para un determinado curso escolar, con remisión a los ratios del convenio y duración coincidente con el curso, satisface la exigencia legal de precisión sobre la causa temporal.

El uso de huella dactilar en el sistema de acceso y registro de jornada para verificar la identidad de los trabajadores en una zona de producción cárnica no infringe la normativa cuando la empresa justifica una necesidad específica vinculada a exigencias sanitarias, limita el sistema al área concreta y acredita haber valorado alternativas menos intrusivas.

Para determinar la recurribilidad de una sentencia de instancia, la cuantía litigiosa debe considerarse en función de la cantidad finalmente concretada en el acto del juicio y no exclusivamente la inicialmente reclamada en la demanda.

El sindicato puede reclamar información en nombre de sus delegados sindicales, incluso cuando no actúa exclusivamente a través de estos. La obligación empresarial de facilitar información sobre cotizaciones a la Seguridad Social es activa, debe cumplirse en plazo y forma, y su incumplimiento constituye una vulneración del derecho fundamental de libertad sindical.

La obligación empresarial de entregar recibo de salarios con la debida claridad y separación exige, además de enumerar los conceptos retributivos y deducciones, incluir la información necesaria para que el trabajador pueda comprobar la corrección del cálculo (bases/unidades/periodos/ajustes por incidencias), con el mínimo de operaciones matemáticas.

La libertad religiosa del trabajador comprende también la facultad de abandonar una confesión sin sufrir, por ese solo hecho, un despido, ni una diferencia de trato laboral incompatible con el principio de no discriminación. La autonomía de la entidad religiosa solo permite exigir deberes de lealtad cuando el requisito está directamente conectado con la función desempeñada y resulta esencial, legítimo, justificado y proporcionado.

La mera entrada de la ITSS en un espacio que simultáneamente es domicilio social y centro de trabajo de la empresa exige consentimiento o autorización judicial, aunque no haya registro ni aprehensión de documentos. Únicamente se exceptúa de autorización judicial si existe una separación física apreciable entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo y, además, la ITSS informa de su propósito de acceder únicamente a la zona de centro de trabajo.

Convenios colectivos