Derecho Laboral

El desarrollo reglamentario del RDL 3/2026 establece normas específicas para la revalorización y determinación de las pensiones por IP o muerte y supervivencia derivadas de AT o EP.

La omisión de los trámites de investigación, información y audiencia previstos en el código ético y el canal de conducta interno de la empresa no determina la improcedencia del despido disciplinario por comportamientos inapropiados, dado que estos instrumentos de compliance no pueden modificar ni añadir requisitos formales adicionales al despido. Y, aunque la audiencia previa al despido no es exigible por razones temporales, en todo caso, constituiría uno de los supuestos de excepción, dada la necesidad de una respuesta empresarial inmediata para garantizar la intimidad, dignidad y seguridad personal de los pacientes.

Se modifican las reglas del cómputo de rentas e ingresos para determinar la cuantía de la prestación del IMV y se eliminan de dicho cómputo la prestación por desempleo y el subsidio no contributivo por desempleo.

Con efectos desde el 1-7-2026, se establecen las garantías mínimas de seguridad del paciente en los requisitos de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

La aplicación de mejoras voluntarias en materia de jubilación derivadas de convenios colectivos o normas empresariales debe respetar el ámbito subjetivo de los colectivos originariamente beneficiarios, especialmente en un contexto de sucesión o fusión de empresa. No procede la extensión automática de estos derechos a trabajadores que no formaban parte del colectivo original, salvo justificación objetiva y razonable.

El plazo de tres meses exigido para acceder al desempleo tras una baja voluntaria sí se entiende cumplido cuando, tras la extinción en el periodo de prueba, existen suficientes días de vacaciones no disfrutadas, ya que la situación legal de desempleo se produce al finalizar dicho periodo.

Convenios colectivos

Se reduce de 24 a 12 meses el plazo para que las empresas y de las entidades pertenecientes al sector público dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo.

Entre el 22-3-2026 y el 30-6-2026, las empresas beneficiarias de ayudas directas, previstas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, no pueden justificar el fin del periodo de actividad ni la falta de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos por causa de fuerza mayor y por causas ETOP vinculadas a esta situación de crisis.

Con efectos desde el 1-1-2026 se incrementan un 2,9% los salarios, incluyendo los complementos salariales, pero no las dietas y suplidos por desplazamiento, de todos los grupos y categorías.

Con entrada en vigor el 22-3-2026, se establece la prohibición de despedir vinculada a la percepción de ayudas directas del plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, así como las consecuencias de su incumplimiento.

Entre el 22-3-2026 y el 30-6-2026, las asambleas generales de las cooperativas que sean beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, no pueden reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo o modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que las integra cuando dichas medidas se justifiquen por causas ETOP o de fuerza mayor vinculadas a esta situación de crisis.