Derecho Laboral

No es aplicable el procedimiento para la modificación sustancial de condiciones, en el contexto de una subrogación, cuando el cambio operado no es una decisión unilateral de la empresa, sino la aplicación de lo previamente pactado en un acuerdo colectivo alcanzado con la representación legal de los trabajadores subrogados.

Se mantienen para 2026 algunas medidas adoptadas en las acciones formativas programadas por las empresas en los años 2020 y subsiguientes (aula virtual o sistema bimodal y uso de medios electrónicos), y se hacen extensivas a los permisos individuales de formación que se soliciten en ese mismo ejercicio.

El acceso no consentido al correo electrónico del trabajador para comprobar las conductas que se le imputan con el fin de justificar un despido determina la nulidad de la prueba por vulneración del derecho a la intimidad, y de todas las derivadas de ella, pero no determina la nulidad del despido si existen otros hechos acreditados por medios distintos que justifican la extinción del contrato. La reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de su derecho a la intimidad debe tramitarse en un procedimiento de tutela.

Es preceptivo que las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos efectúen la aportación económica al Tesoro Público cuando concurran los requisitos objetivos de la norma, sin que quepa aplicar interpretaciones flexibilizadoras que permitan excluir de tal obligación a empresas con dificultades económicas sobrevenidas.

Se establece el procedimiento básico para la acreditación administrativa de las situaciones de violencia sexual por las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla, a fin de permitir a las víctimas el acceso a los derechos y prestaciones reconocidos en la normativa estatal.

Convenios colectivos

En procedimientos de derivación de responsabilidad por deudas de la Seguridad Social, el inicio del cómputo del plazo de caducidad corresponde al acuerdo de incoación del procedimiento y no a las actuaciones previas informativas o informes emitidos por la ITSS.

En ausencia de asociaciones empresariales con representatividad suficiente en un sector específico, las asociaciones empresariales de ámbito autonómico que cumplan con los requisitos de representatividad están legitimadas para negociar convenios colectivos sectoriales. La constitución de la comisión negociadora puede realizarse en proporción a dicha representatividad, sin que la negativa de una asociación empresarial a formar parte de la comisión impida la validez del acuerdo alcanzado por la asociación que sí participa.

Es procedente un despido objetivo por causas económicas, organizativas y productivas en una empresa de traductores e intérpretes al acreditarse que la empresa sufrió un descenso en la demanda debido a la transformación del sector, agravada por la introducción de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que ha provocado pérdidas económicas relevantes.

La prestación por nacimiento y cuidado del menor no se amplía en caso de familia biparental en la que uno de los progenitores no puede disfrutar del permiso por permanecer ingresado en prisión, sin que pueda equipararse a la situación de las familias monoparentales.

Para que una persona jurídica sea penalmente responsable por un delito cometido por una persona física en su organización, es necesario acreditar no solo la comisión del delito por dicha persona física, sino también la existencia de un defecto organizativo grave en los mecanismos de prevención y supervisión de la persona jurídica que permita imputarle responsabilidad penal propia.

Los trabajadores temporales tienen derecho a percibir la indemnización por IPT prevista en el convenio colectivo solo para los trabajadores fijos, dado que su exclusión carece de justificación objetiva, razonable y proporcional y vulnera el principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores fijos y temporales.