Derecho Laboral

La aplicación de mejoras voluntarias en materia de jubilación derivadas de convenios colectivos o normas empresariales debe respetar el ámbito subjetivo de los colectivos originariamente beneficiarios, especialmente en un contexto de sucesión o fusión de empresa. No procede la extensión automática de estos derechos a trabajadores que no formaban parte del colectivo original, salvo justificación objetiva y razonable.

Se reduce de 24 a 12 meses el plazo para que las empresas y de las entidades pertenecientes al sector público dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo.

Con efectos desde el 1-1-2026 se incrementan un 2,9% los salarios, incluyendo los complementos salariales, pero no las dietas y suplidos por desplazamiento, de todos los grupos y categorías.

Entre el 22-3-2026 y el 30-6-2026, las asambleas generales de las cooperativas que sean beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, no pueden reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo o modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que las integra cuando dichas medidas se justifiquen por causas ETOP o de fuerza mayor vinculadas a esta situación de crisis.

Se eleva de 7.500 a 15.000 euros el importe de la indemnización por daños morales vinculados a la declaración de nulidad de un despido por discriminatorio por la condición de salud, valorándose que se trata de un comportamiento reiterado de la empresa que ya había acordado previamente el despido de otro trabajador en situación de incapacidad temporal, despido que fue igualmente declarado nulo.

Aplicar diferentes condiciones de trabajo a distancia al personal fuera de convenio y al personal incluido en el mismo, como permitir a aquéllos trabajar desde un domicilio distinto al habitual durante los periodos de verano y Navidad, no supone trato discriminatorio porque su régimen jurídico y condiciones laborales son distintos.

Con efectos desde el 17-3-2026, se actualiza el listado de las prestaciones sanitarias sometidas a autorización previa por utilizarse equipos o infraestructuras médicas sumamente especializados, atenderse a pacientes con problemas complejos o tener un elevado coste económico.

Cuando el litigio versa solamente sobre diferencias económicas prestacionales y no sobre el reconocimiento de una prestación, la cuantía litigiosa a efectos de acceso al recurso de suplicación debe determinarse por el importe anual de la diferencia reclamada y, si esta supera el umbral legal, procede el recurso, aunque cada mensualidad individual sea inferior.

El permiso por hospitalización de familiares no finaliza automáticamente con el alta hospitalaria, sino que se mantiene hasta completar su duración máxima cuando no existe alta médica y persiste la necesidad de cuidados.

El importe de las cotizaciones por jubilación efectuadas por el SEPE durante la percepción, por parte del cónyuge, del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, no integra las rentas computables de la unidad de convivencia a efectos del cálculo de la pensión de jubilación no contributiva.

Se declara la procedencia del despido disciplinario de un trabajador que descarga masivamente datos confidenciales de clientes sin autorización expresa, incumpliendo las políticas internas de seguridad y protección de datos, lo que constituye una grave transgresión de la buena fe contractual y una pérdida de confianza que legitima la extinción inmediata del contrato, incluso sin cumplir el trámite de audiencia previa.

El plazo para aportar o trasladar la documental es de 10 días de antelación al juicio , pero al contarse “hacia atrás” desde la fecha del juicio y aplicarse la regla del “día de gracia” hasta las 15:00 del hábil siguiente, el plazo queda en 9 días.