Derecho Laboral

Se declara la nulidad parcial de la oferta empleo público de estabilización en la AGE por la omisión de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad.

Con efectos desde el 6-3-2026, se regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, vía adicional para que las personas interesadas que se encuentren en territorio nacional presenten sus solicitudes y procedimientos en materia de extranjería mediante representación -los colaboradores de extranjería-.

Exigir al empresario que, al contratar, adopte medidas de comprobación de la identidad de los trabajadores es desmesurado, resultando suficiente con que su conducta se acomode a las reglas de la buena fe y al comportamiento de un ciudadano medio.

El TS ha anulado en parte el RD 402/2025 por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores. La anulación afecta a la atribución de la legitimación sindical exclusivamente a las organizaciones más representativas a nivel estatal o autonómico, y a la exigencia de aportar la identificación fiscal de los trabajadores en la solicitud.

La asistencia jurídica que excede del asesoramiento sindical gratuito genera una relación contractual independiente. Por ello, cuando un sindicato remite a sus afiliados a un despacho externo para la prestación de servicios jurídicos, la responsabilidad por la negligencia en la tramitación de reclamaciones laborales recae directamente en los profesionales contratados y no en el sindicato, salvo que se acredite que dichos profesionales actúan bajo la dirección y dependencia del sindicato en el marco de un único contrato de arrendamiento de servicios.

Cuando la actividad inspectora se inicia mediante visita girada al centro de trabajo, el cómputo del plazo de caducidad se inicia en la fecha de la visita y no en el momento en que todas las empresas del grupo empresarial aportan la documentación requerida. Y para el cómputo del plazo máximo de 5 meses de interrupción de las actuaciones, solo se tienen en cuenta las actuaciones efectuadas a la empresa sancionada sin que tengan ningún efecto las efectuadas a otras empresas del grupo.

Los días de libre disposición requieren un período previo de trabajo efectivo de tres meses por cada día y no pueden disfrutarse antes de haberlos devengado. Sin embargo, los períodos de incapacidad temporal sí computan a efectos de su devengo.

Con ello, se derogan las prórrogas, aprobada hasta el 31-12-2026, en relación a la prohibición de despedir por causas objetivas en base al incremento de los costes energéticos por la invasión de Rusia a Ucrania, a empresas receptoras de ayudas públicas, incluidas las acogidas previamente a ERTEs, y la de la moratoria contable de las pérdidas de 2020-2021 (periodo COVID) a efectos de concurrencia de la causa legal de disolución societaria por pérdidas.

La Administración autonómica encargada de la vacunación contra el COVID-19 no es responsable de los efectos adversos producidos por la inoculación de las vacunas en el contexto de emergencia sanitaria; solo es responsable por daños derivados de mala praxis, incumplimiento de la lex artis ad hoc o falta de diligencia debida.

El cómputo del plus de antigüedad para trabajadores con contratos temporales sucesivos debe realizarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos, garantizando así la igualdad retributiva entre trabajadores temporales e indefinidos. Un cambio empresarial en la forma de cómputo del complemento vulnera el principio de buena fe y la prohibición de actuar contra los actos propios.

La realización de registros diarios e ilimitados en el bolso de los trabajadores, incluyendo la exigencia de mostrar el número IMEI de su teléfono móvil, sin causa justificada ni sospecha previa, constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad y dignidad del trabajador. Por el contrario, son válidos los realizados de forma puntual ante indicios razonables de hurtos, respetando la dignidad e intimidad del trabajador y con la presencia de representantes de los trabajadores.

Se ha publicado el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2026.