Derecho Laboral

La base reguladora de la IT derivada de accidente de trabajo (AT) de trabajadores fijos discontinuos a tiempo parcial no se calcula con la base de cotización del día del accidente, sino que deben tomarse en consideración las bases de cotización de los 3 meses anteriores al AT.

La comunidad autónoma de Navarra no tiene competencias para incorporar los puestos de conductor auxiliar y peón auxiliar de bombero dentro de la categoría profesional de bombero, permitiéndoles de esta manera el acceso a la jubilación anticipada. Los coeficientes reductores de la edad de jubilación forman parte de la regulación básica estatal y su establecimiento o extensión corresponde a la normativa estatal, por lo que es inconstitucional la norma autonómica que extiende sus efectos a supuestos no previstos en aquella.

Convenios colectivos

Desde 10-4-2026, los órganos técnicos de prevención deben incluir expresamente a las personas trabajadoras autónomas en materia de asistencia y cooperación técnica, información, divulgación, formación, investigación preventiva y seguimiento de las actuaciones preventivas. A tal efecto, se modifica la regulación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, para que las acciones de impulso de la prevención puedan ser desarrolladas, además, por asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas de ámbito estatal o autonómico.

Cuando el trabajador incumple un pacto de no competencia postcontractual declarado nulo, por haber configurado la compensación como cualquier incremento de salario que el perciba por encima del salario fijado en el convenio colectivo, no está obligado a devolver tales cantidades percibidas, dado que tienen naturaleza salarial y no indemnizatoria.

Se modifican varias normas de seguridad industrial para adaptarlas a la nueva regulación europea sobre emergencias del mercado interior. Su objetivo es garantizar la disponibilidad rápida de determinados bienes y servicios estratégicos cuando se declare una situación de emergencia, especialmente en lo relativo a máquinas y equipos que pueden clasificarse como “bienes pertinentes para crisis”. En situación de emergencia admite procedimientos acelerados para que ciertas máquinas puedan entrar en el mercado o ponerse en servicio sin llevar marcado CE, siempre que se cumplan condiciones específicas.

La anticipación por la empresa de la opción por la indemnización en el acto del juicio para el caso de que se declare el despido improcedente no conlleva el abono de salarios de tramitación, que solo se devengan si es el trabajador quien solicita expresamente la extinción de la relación laboral y se acredite la imposibilidad de readmisión.

Con vigencia desde el 10-4-2026, se modifica la Ley de Contratos del sector público con relación a los contratos reservados, reforzando la reserva a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Un trabajador que posee menos del 25% (en concreto, el 24,42%) de participaciones sociales, es miembro del consejo de administración y aparece en nómina como director de costes, sin constar que su cargo implique funciones de dirección y gerencia efectivas, debe ser considerado trabajador por cuenta ajena protegido por el FOGASA.

Las bonificaciones previstas para los supuestos de alta inicial en el RETA (particularmente la «tarifa plana») no se aplican en los supuestos de alta en el RETA por parte de profesionales colegiados que, al tiempo de iniciar el ejercicio de su actividad por cuenta propia, han optado por integrarse en la mutualidad de previsión social de su colegio profesional y, en un momento posterior, deciden darse de alta en dicho régimen especial.

En caso de ERE que afecte a trabajadores mayores de 55 años, la obligación principal de suscribir el convenio especial de cotización recae en la empresa. La TGSS solo está obligada a suscribir dicho convenio cuando sea solicitada por alguna de las partes y no tiene responsabilidad solidaria por incumplimientos empresariales ni por la falta de solicitud del trabajador.

La prestación del Ingreso mínimo vital queda modificada en referencia a los requisitos de acceso y a la actualización de la cuantía, entre otras cuestiones. Así, en las solicitudes de revisión por cambios en la unidad de convivencia por salida de un miembro del domicilio, con efectos desde el 10-4-2026, no se exigen los seis meses de residencia continuada para quienes permanecen en ella; y la cuantía se actualiza dos veces al año en función de los ingresos computables del ejercicio anterior, siendo la primera provisional y la segunda definitiva.