Derecho Laboral

La acción de reclamación de un ascenso por la realización de funciones superiores a las del grupo profesional puede ejercitarse mientras se mantenga el desempeño de dichas funciones, siendo el día inicial del cómputo del plazo de prescripción la fecha en que dejan de realizarse, si bien las diferencias salariales deben reclamarse en el plazo de un año desde que la acción pudo ejercitarse.

No es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para modificar el convenio colectivo aplicable, con propuesta de redacción alternativa, para adaptarlo a una norma jerárquica superior dictada con posterioridad. Se trata de un conflicto de intereses que debe resolverse por el cauce de la impugnación del convenio colectivo por ilegalidad.

En caso de distintos accidentes en el tiempo que afectan a los dos ojos, la responsabilidad de las respectivas mutuas es compartida si se trata de una concurrencia de lesiones que producen ambas una incapacidad, aunque sea de distintos grados, pero no si el primer accidente produce lesiones permanentes no invalidantes y el segundo una incapacidad, al tratarse de un agravamiento.

Se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, a fin de reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar, y protegerla frente a riesgos y amenazas sanitarias.

Se configura como el marco de referencia para la coordinación y ejecución de las políticas de apoyo activo al empleo en toda España en 2025, sirviendo como base compartida a partir de la cual los diferentes servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

Si existe infracotización parcial, la empresa es proporcionalmente responsable de la prestación causada por un accidente ocurrido mientras dura ese incumplimiento.

Se publica la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo para el periodo 2025 -2028 que determina el marco estatal al que deben referirse todas las actuaciones que se lleven a cabo en el seno del Sistema Nacional de Empleo en materia de políticas de activación y formación en el trabajo, así como los principios, los objetivos comunes, tanto estratégicos como operativos, las medidas a desarrollar y los recursos financieros con los que se prevé contar para el cumplimiento de los citados objetivos y medidas.

Ante un accidente in itinere, hay que analizar cada caso concreto, porque los hechos pueden llevar a la conclusión de que nos encontramos o no ante un accidente de trabajo in itinere, según se dé más importancia al elemento teleológico o al elemento geográfico. El accidente al caer por las escaleras en el porche de la vivienda unifamiliar no es in itinere ni, por tanto, laboral.

A efectos de fijar criterios comunes para la emisión de los informes para las autorizaciones por circunstancias excepcionales por razones de arraigo social y socioformativo conforme al nuevo Reglamento de extranjería, que antes de concederlas ha de emitir la CCAA, o, en su caso, el Ayuntamiento, la Secretaría de Estado de Migraciones ha dictado instrucciones relativas a su contenido, la naturaleza y competencia para su emisión y el régimen transitorio de los emitidos conforme al anterior Reglamento.

La mera exoneración de prestación de servicios, con abono del salario, dentro de un proceso de investigación interna justificada y en el marco de negociaciones para una salida pactada del trabajador, no implica una vulneración de derechos fundamentales ni constituye un incumplimiento grave empresarial por falta de ocupación efectiva, ni por acoso laboral, que justifique la extinción indemnizada del contrato.

El concepto de remuneración en las ETT ha de ser interpretado de forma amplia, por lo que debe incluir las mejoras voluntarias de los convenios de las empresas usuarias -también el de IT-, a fin de garantizar la igualdad de trato en las mismas condiciones que los trabajadores de estas.

El TS ha reiterado que la audiencia previa no puede exigirse en despidos disciplinarios anteriores a 18-11-2024, cuando se produjo el cambio jurisprudencial que generalizó la obligatoriedad de dicho trámite, sin que ello implique alterar la doctrina en relación con el alcance del cambio de jurisprudencia, ni establecer cánones de irretroactividad propios de las leyes. Esta limitación temporal no se aplica cuando la audiencia viene exigida en el convenio colectivo aplicable, en cuyo caso su incumplimiento determina la improcedencia del despido por defectos formales.