Derecho Mercantil

La delegación al consejo para acordar aumentos de capital debe someterse a los requisitos informativos propios de la modificación estatutaria. La omisión en la convocatoria del derecho a examinar la propuesta y el informe de los administradores impide la inscripción del acuerdo de delegación y de los aumentos de capital acordados en ejecución del mismo.

Se condena solidariamente al administrador al pago de la deuda social dado que, estando incursa la sociedad deudora en causa de disolución por pérdidas con anterioridad al nacimiento de la deuda reclamada, realizó dos ampliaciones de capital que no llegaron a revertir la causa disolutoria (seguía tras ellas con patrimonio neto negativo), lo que tenía que haber sido conocido por el administrador sin tener que esperar al cierre del ejercicio en el que se realizaron las ampliaciones, dada su obligación de control y seguimiento ininterrumpido de la marcha de la sociedad.

Se declara la nulidad del acuerdo de la junta general de entablar, contra los consejeros nombrados a propuesta del grupo minoritario de socios, la acción social de responsabilidad por irregularidades contables, con el consiguiente cese en el cargo, debido a que no respondía a una necesidad razonable y fue adoptado con abuso de la mayoría en perjuicio de la minoría, que, con el cese de dichos consejeros, quedaba desvinculada de la gestión de la sociedad. En todo caso, tales irregularidades, si bien alteran la imagen fiel de la sociedad y pueden perjudicar a terceros que contratan con ella, no son susceptibles de fundar una acción social contra el administrador, dado que no causan por sí mismas un daño directo en el patrimonio de la sociedad, siendo tal daño uno de los presupuestos inexcusables de este tipo de acción.

No existe autocontrato por el hecho de que, por la sociedad vendedora, actúen dos administradores mancomunados, y, por la sociedad compradora, un administrador único que es uno de los citados administradores mancomunados. En todo caso, el eventual conflicto de intereses se depura en sede judicial, y no en la registral, por el limitado ámbito de la calificación registral.

Se deniega la inscripción de los acuerdos adoptados en una junta general debido a que no se alcanzó el quórum mínimo de constitución previsto en los estatutos (2/3 partes del capital), y tampoco se alcanzó la mayoría de votos a favor fijada en los estatutos. La imposibilidad de adoptar acuerdos no determina la ineficacia de los estatutos, sino la existencia de una causa legal de disolución social.

El acceso a la documentación social y el pretendido ejercicio del derecho de información no se efectúa en las sociedades de capital a través de diligencias preliminares donde se solicite indiscriminadamente cualquier tipo de documentos, sino a través de los cauces legalmente previstos, en relación con los asuntos que se van a tratar en cada junta general.

Se declara la nulidad de los acuerdos adoptados en junta hipotéticamente universal por inasistencia de uno de los socios, como acreditan las facturas de hotel que sitúan a dicho socio el día de la junta en una provincia distante, sin que tenga efecto subsanatorio el hecho de que el socio inasistente conociese posteriormente los acuerdos adoptados.

Para inscribir una adquisición o transmisión de un bien social no es necesario acreditar, ni siquiera manifestar, que no se trate de un activo esencial. Sólo cuando, según los medios que puede tener en cuenta el registrador al calificar el título presentado, pueda apreciar el carácter esencial de los activos objeto del negocio documentado, podrá controlar que la regla competencial haya sido respetada (autorización de la junta), sin que pueda exigir al representante de la sociedad manifestación alguna sobre el carácter esencial o no del bien, pues en ninguna norma se impone dicha manifestación.

La condición de transportista efectivo no queda excluida porque el transporte se preste en rutas regulares ni porque en algunos documentos aparezcan personas físicas como porteadores. Basta que la subcontratada asuma y ejecute materialmente los portes y que no conste una nueva subcontratación ajena a su organización.

Cuando la mercancía se carga por el cargador, los daños derivados de una preparación defectuosa le son imputables de forma principal. Esa responsabilidad no excluye la del porteador si omite comprobar la altura real del vehículo con su carga y circula por una ruta incompatible con ese gálibo.

La firma del destinatario en la carta de porte no opera como presupuesto exclusivo de la entrega. Su valor probatorio se determina junto con el resto de los documentos del transporte y con los demás elementos concordantes del caso.

La empresa logística mantiene la condición de cargador contractual cuando encarga a un operador la realización de rutas de su red, aunque el servicio se articule como operativa regular y el operador gestione diariamente los vehículos. La subcontratación posterior del porte no desplaza esa posición inicial en la cadena y permite la acción directa del transportista efectivo.