Derecho Mercantil

La declaración de concurso de la promotora no interrumpe el devengo de los intereses legales de los anticipos cuando la condena recae sobre la entidad financiera receptora.

La cancelación registral de la anotación preventiva de concurso puede practicarse, además de por mandamiento judicial, mediante instancia privada tras la inscripción de la transmisión de la finca a un tercero conforme a los requisitos exigidos según la fase del procedimiento concursal en que se encuentre el concursado.

La interrupción de un tratamiento por cierre súbito de la clínica queda comprendida en el seguro de responsabilidad civil profesional cuando el perjuicio deriva del abandono asistencial sin aviso ni medidas de continuidad. No se trata de trasladar al asegurador un simple incumplimiento contractual ajeno a la póliza, sino de cubrir el daño causado con ocasión de la prestación sanitaria.

La cobertura de responsabilidad civil del seguro del hogar no se extiende al inquilino si la póliza identifica como única asegurada a la propietaria. La mera referencia al piso asegurado no transforma el seguro en una cobertura general del inmueble ni ampara la responsabilidad de quien no figura como asegurado.

La subrogación de la aseguradora no amplía el contenido de la acción del asegurado frente al porteador. La reclamación queda limitada al daño real causado por el transporte, aunque la aseguradora haya abonado una suma superior por su propia valoración del siniestro.

La mora del asegurador no permite añadir intereses legales sobre los intereses ya devengados. La indemnización de la LCS agota el recargo moratorio y excluye una capitalización adicional sin apoyo legal expreso.

La causa justificada que excluye la mora del asegurador exige una incertidumbre real y objetivamente fundada sobre el nacimiento de la obligación de indemnizar. La mera controversia sobre la cobertura, la judicialización del conflicto o el cambio sucesivo de motivos de rechazo no eliminan los intereses moratorios.

Cuando la mercancía se carga por el cargador, los daños derivados de una preparación defectuosa le son imputables de forma principal. Esa responsabilidad no excluye la del porteador si omite comprobar la altura real del vehículo con su carga y circula por una ruta incompatible con ese gálibo.

La reclamación del asegurador frente al tercero responsable no se configura aquí como acción extracontractual del perjudicado ni como mera subrogación en una pretensión ya nacida. Su presupuesto es el pago de la indemnización, y desde ese momento comienza el plazo de prescripción.

La condición de transportista efectivo no queda excluida porque el transporte se preste en rutas regulares ni porque en algunos documentos aparezcan personas físicas como porteadores. Basta que la subcontratada asuma y ejecute materialmente los portes y que no conste una nueva subcontratación ajena a su organización.

La cláusula que precisa qué debe entenderse por invalidez absoluta y permanente tiene naturaleza delimitadora cuando concreta el objeto asegurado y fija el alcance de la cobertura. Solo recibe el tratamiento de cláusula limitativa si restringe una cobertura ya nacida o introduce una reducción sorpresiva de las expectativas razonables del asegurado.

La empresa logística mantiene la condición de cargador contractual cuando encarga a un operador la realización de rutas de su red, aunque el servicio se articule como operativa regular y el operador gestione diariamente los vehículos. La subcontratación posterior del porte no desplaza esa posición inicial en la cadena y permite la acción directa del transportista efectivo.