Derecho Mercantil

Se desestima la demanda de un acreedor contra el liquidador de la sociedad deudora por ausencia de nexo causal entre el supuesto acto ilícito (no reclamar el liquidador a los socios la devolución de los pagos que recibieron durante la liquidación) y el daño (el impago de su crédito, reconocido por sentencia firme muchos años después de finalizar la liquidación). En todo caso, el acreedor podía haberse dirigido directamente contra los socios por pasivo sobrevenido, y, en caso de desconocer su identidad, podía haber instado diligencias preliminares.

El socio que ha solicitado el nombramiento por el registrador mercantil de experto independiente para determinar el valor razonable de sus acciones/participaciones, en ejercicio de su derecho de separación, puede impugnar el informe de este experto cuando incurra en errores graves, manifiestos e incuestionables. En todo caso, por la garantía de objetividad e imparcialidad del experto nombrado por el registrador, su informe prevalece sobre los informes periciales de parte, salvo que incurra en dichos errores manifiestos.

Se desestima la demanda interpuesta por socios minoritarios contra la sociedad, con costas y declaración de temeridad, por impugnar acuerdos sociales adoptados por la junta general antes de que adquiriesen la condición de socios. Además, se desestima la petición de nombramiento de auditor, dado que debe articularse ante el registrador mercantil o LAJ por los cauces de la jurisdicción voluntaria.

Se declara la nulidad del cese del consejero designado por representación proporcional debido a que, si bien el cese no exige justa causa, en este caso el acuerdo de la junta se ha adoptado con abuso de derecho de la mayoría, como represalia injustificada contra el consejero cesado.

En una sociedad cuyo consejo de administración estaba formalmente integrado por cinco miembros, debiéndose adoptar los acuerdos por mayoría, se considera válidamente aprobado el acuerdo impugnado con el voto a favor de solo dos miembros, debido a que quedó acreditada en el proceso la voluntad de la sociedad de reducir a tres los miembros del consejo, y ello pese a que tal voluntad no se plasmase en un acuerdo formal de la junta ni se inscribiese en el RM.

Se condena al administrador social, con fundamento en el régimen de responsabilidad por deudas, a abonar al FOGASA el importe de la indemnización por despido que, como consecuencia de la insolvencia de la sociedad, este organismo tuvo que pagar a un trabajador despedido por la sociedad. Tratándose de una deuda que se encontraba en fase de ejecución en el orden social cuando el FOGASA pagó y se subrogó en la posición del trabajador despedido, la deuda ya no prescribe, sino que puede reclamarse en cualquier momento, mientras no esté satisfecha en su integridad.

La sociedad tomadora de una póliza de seguro de RC de administradores y directivos puede tener la condición de perjudicado por la actuación ilícita del administrador y ejercer, además de la acción social contra dicho administrador, la acción directa contra la aseguradora, pero siempre que: (i) el administrador que causa el daño sea uno de los asegurados en la póliza y (ii) no esté excluida la cobertura de los daños causados por el administrador a la propia sociedad tomadora. En este caso se desestima la reclamación frente a la aseguradora debido a que la póliza únicamente cubre a administradores personas físicas, y no a administradores-persona jurídica, y, además, excluye expresamente de cobertura al tomador de la póliza.

Se declara la nulidad del acuerdo del consejo de administración de distribuirse el importe de la participación en beneficios entre los tres consejeros con cargo vigente, excluyendo al consejero recientemente cesado, dado que, salvo previsión estatutaria en contra o realización de funciones ejecutivas o especiales por alguno de los consejeros, la retribución fijada en estatutos se ha de repartir de forma igualitaria entre todos ellos.

Los datos identificativos de los administradores pueden determinarse mediante los datos concretos (nombre y apellidos, NIF, domicilio) o por remisión a los que ya constan en el RM, con expresión de que no han variado o la indicación de aquéllos que hubieran sufrido modificación. En este caso, se suspende la inscripción debido a que no constan los datos ni su remisión a los que figuran inscritos.

Si bien, con carácter general, tanto la junta como sus acuerdos son nulos cuando se ha convocado en lugar distinto al previsto en la ley, en ocasiones, concurriendo circunstancias excepcionales, se ha mantenido su validez, como en este caso, donde la sociedad está compuesta por dos socios hermanos, enfrentados, estando situado el domicilio social en el domicilio particular de uno de ellos, siendo por ello válida la junta convocada para ser celebrada en una notaría en un término municipal contiguo al del domicilio social.

Se rechaza inscribir la escritura de constitución de una sociedad debido a que uno de los socios, además de una aportación dineraria por la que recibió las correspondientes participaciones, aportó una rama de actividad valorada en 0 euros, sin recibir participaciones a cambio, dado que no cabe crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad. En caso de que la aportación de rama de actividad se hubiese hecho en otro concepto, así se debería haber manifestado en la escritura calificada.

La titularidad de una entidad pública instrumental no basta para atribuir naturaleza pública a su crédito. La clasificación como crédito de derecho público exige que el crédito derive del ejercicio de potestades administrativas, de modo que, si el préstamo se concede en régimen de derecho privado y actividad ordinaria de financiación, no puede integrar una clase privilegiada por esa sola condición.