Derecho Mercantil

Con el objetivo principal de reintroducir determinadas modificaciones en relación con la CIR del Banco de España anuladas por sentencia de Tribunal Supremo debido a un defecto procedimental, se aprueba una nueva norma modificadora para reincorporarlas solventando los defectos formales.

La firma de las condiciones particulares no basta para hacer valer una cláusula «claim made» ni cualquier otra limitación de cobertura si la restricción figura en anexos no firmados. La declaración genérica de aceptación de todas las cláusulas limitativas de la póliza tampoco sustituye la aceptación específica por escrito del documento que contiene la cláusula.

Cuando la responsabilidad cubierta por el seguro deriva de una obligación de hacer, los intereses moratorios de la Ley de Contrato de Seguro no nacen hasta que esa obligación se convierte en una deuda dineraria liquidada. Si la aseguradora ha consignado las cantidades correspondientes al límite asegurado, no procede su devengo.

El seguro de responsabilidad civil no cubre directamente la ejecución de la obligación de hacer impuesta al asegurado, sino el coste económico que derive de esa condena. La acción directa del perjudicado permite reclamar a la aseguradora esas consecuencias patrimoniales, dentro del límite de la suma asegurada.

La titularidad de una entidad pública instrumental no basta para atribuir naturaleza pública a su crédito. La clasificación como crédito de derecho público exige que el crédito derive del ejercicio de potestades administrativas, de modo que, si el préstamo se concede en régimen de derecho privado y actividad ordinaria de financiación, no puede integrar una clase privilegiada por esa sola condición.

La separación de créditos ordinarios no financieros del mismo rango exige una justificación objetiva y suficiente, especialmente cuando todos reciben idéntica afectación en el plan. Si no se explica de forma clara la razón material de la división, esta puede considerarse artificiosa y determinar la ineficacia del plan.

La compensación económica por vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral tiene naturaleza salarial, al retribuir un período de descanso computable como tiempo de trabajo, y no indemnizatoria o resarcitoria. Por tanto, si el crédito es anterior a la declaración de concurso, debe calificarse como crédito con privilegio general.

La indemnización por despido improcedente tiene la consideración de crédito contra la masa cuando el reconocimiento de la improcedencia y la opción empresarial por la indemnización se producen después de la declaración de concurso, aunque el despido y el cese efectivo sean anteriores.

El crédito derivado de la responsabilidad del administrador por deudas sociales puede quedar comprendido dentro de la exoneración del pasivo insatisfecho, ya que no constituye una deuda por responsabilidad civil extracontractual excluida de la exoneración.

El aumento de capital necesario para ejecutar el convenio, cuando depende de la aportación de un tercero, integra el contenido de la propuesta y no puede quedar relegado al plan de viabilidad. La mera mención indirecta de esa financiación en un documento anexo no sustituye su inclusión expresa ni la firma del tercero compromitente.

La evocación de una denominación de origen protegida puede producirse también en servicios de restauración y en su publicidad, sin que sea exigible la identidad o similitud entre el producto protegido y el servicio designado. Basta con que el signo haga surgir en el consumidor medio un vínculo suficientemente directo y unívoco con la DOP.

En procedimientos concursales, la tercería de mejor derecho ejercitada por la administración concursal debe respetar el plazo preclusivo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que si la ejecución administrativa ha concluido con el pago del crédito del ejecutante, la tercería presentada con posterioridad es extemporánea y debe ser desestimada.