24Un vehículo arrendado en modalidad de renting se devuelve con varios daños externos reflejados en la hoja de devolución. La arrendadora reclama judicialmente su coste de reparación y la controversia se refiere a la cantidad que puede exigir por ese concepto.
El contrato impone la devolución del vehículo en buenas condiciones, salvo el desgaste normal derivado del uso, y prevé su peritación al finalizar el arriendo. El arrendatario debe asumir el coste de los daños acreditados que no responden al uso ordinario.
La disputa se centra en la valoración económica de los daños. La arrendadora apoya su pretensión en una pericia que fija la reparación en un importe concreto. Sin embargo, constan también otra valoración realizada por la propia arrendadora por un importe inferior y una reclamación previa por una cantidad distinta, también inferior. Esa divergencia impide aceptar sin más la cifra más alta cuando no se ofrece una justificación del incremento posterior.
La solución se apoya en los propios actos de la arrendadora. Si quien ha cuantificado extrajudicialmente los daños en una suma inferior reclama después otra superior, debe explicar la razón de esa diferencia. A falta de esa explicación, la reclamación queda limitada a la valoración previa acreditada.AP Cantabria 12-5-26, EDJ 609800
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Precio
100 €
1 junio 2026
La compensación pactada para el periodo entre el cese del consejero ejecutivo y su jubilación no constituye una categoría retributiva autónoma cuando remunera la terminación anticipada de la relación. Su calificación como retribución variable somete ese pago a las cláusulas malus y clawback previstas para la remuneración variable.
1 julio 2026
El cumplimiento del plazo de preaviso y, en su caso, del período de permanencia no convierte por sí solo la baja voluntaria del socio en justificada. Para ello es necesario que concurra alguna de las causas previstas en la ley o en los estatutos.
1 octubre 2025
En un proceso en el que se desestima la acción de responsabilidad por deudas contra el administrador, debido a que el demandante no acreditó que la deuda reclamada fuera posterior a la causa de disolución, se condena sin embargo al administrador al pago de dicha deuda con fundamento en la acción de responsabilidad por daños acumulada en la demanda, debido a que quedó acreditado mediante indicios (cierre de hecho, impago generalizado de deudas, falta de depósito de cuentas, ejecución judicial infructuosa contra la sociedad) que, estando la sociedad en causa de disolución en una fecha posterior al nacimiento de la deuda, el administrador incumplió su deber legal de promover una liquidación social ordenada, sin que se sepa el destino que dio a los activos sociales con los cuales se podía haber pagado, al menos en parte, la deuda reclamada.
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