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Un exconsejero de una entidad financiera, incluido como asegurado en una póliza de responsabilidad de administradores, resulta investigado en dos piezas separadas de una causa penal. La aseguradora anticipa los honorarios de defensa correspondientes a la pieza referida a una etapa posterior de gestión, pero rechaza los gastos ligados a la pieza que investiga la ampliación de capital de 2016. La póliza cubre los gastos de defensa y, al mismo tiempo, contiene una exclusión para reclamaciones conectadas con operaciones sobre valores mobiliarios.
La controversia interpretativa se centra en decidir si la cobertura aceptada para una de las piezas se extiende a la otra por formar parte ambas de un único procedimiento penal, o si debe atenderse al hecho concreto investigado en cada una. La respuesta se vincula al contenido de la exclusión pactada y a su aplicación a los gastos de defensa, no a la mera unidad formal de la causa.
La cláusula de exclusión no se limita a la indemnización principal, sino que alcanza expresamente cualquier pérdida, cantidad o gastos de defensa derivados de reclamaciones basadas en, relacionadas con o como consecuencia directa o indirecta de la venta, colocación, admisión, adquisición, exclusión o cualquier otra oferta pública o privada de valores mobiliarios de la sociedad tomadora. Además, añade un supuesto específico referido a una ampliación de capital anterior. Esa mención singular no desplaza la exclusión general, sino que convive con ella como un caso concreto comprendido en un diseño más amplio.
El sentido literal de la cláusula prevalece porque sus términos son claros y no dejan margen para entender que la exclusión se limita a una operación concreta distinta de la investigada. Una ampliación de capital encaja de forma natural en la referencia a la oferta o colocación de valores mobiliarios, por lo que los gastos de defensa generados por la investigación penal conectada con esa operación quedan fuera de cobertura. Cuando el texto contractual presenta esa claridad, la interpretación debe detenerse en su tenor literal (CC art.1281), sin acudir a reglas complementarias salvo existencia de duda real (CC art.1282 a 1289).
La unidad del procedimiento penal no altera esa conclusión. La división de la instrucción en piezas separadas dentro de una misma causa no neutraliza una exclusión contractual clara respecto de uno de los bloques fácticos investigados. Por ello, el anticipo satisfecho para la pieza relativa a otros hechos no implica reconocimiento de cobertura para la pieza centrada en la ampliación de capital. El criterio fijado es que, en una póliza D&O, la exclusión referida a reclamaciones vinculadas directa o indirectamente con operaciones sobre valores mobiliarios comprende también los gastos de defensa de la investigación penal conectada con una ampliación de capital.
TS 16-6-26, EDJ 624244
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100 €
1 agosto 2026
Los pagos de deudas debidas realizados mediante confirming no son rescindibles por el mero hecho de efectuarse cuando el deudor ya se encuentra en situación de insolvencia. Para apreciar perjuicio deben valorarse conjuntamente las circunstancias del pago, entre ellas su proximidad al concurso, la naturaleza del crédito y la condición del acreedor.
1 octubre 2025
En un proceso en el que se desestima la acción de responsabilidad por deudas contra el administrador, debido a que el demandante no acreditó que la deuda reclamada fuera posterior a la causa de disolución, se condena sin embargo al administrador al pago de dicha deuda con fundamento en la acción de responsabilidad por daños acumulada en la demanda, debido a que quedó acreditado mediante indicios (cierre de hecho, impago generalizado de deudas, falta de depósito de cuentas, ejecución judicial infructuosa contra la sociedad) que, estando la sociedad en causa de disolución en una fecha posterior al nacimiento de la deuda, el administrador incumplió su deber legal de promover una liquidación social ordenada, sin que se sepa el destino que dio a los activos sociales con los cuales se podía haber pagado, al menos en parte, la deuda reclamada.
1 octubre 2025
Se desestima la acción judicial de expulsión de un socio por no prestar apoyo financiero a la sociedad, estando la sociedad en dificultades económicas, dado que no es causa legal de expulsión, ni en este caso tampoco estatutaria, en la medida que los estatutos sociales no establecen ninguna prestación accesoria a cargo de los socios.
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