Derecho Mercantil

Se establece el régimen jurídico de los diseños de la Unión Europea en una versión codificada, sustituyendo y sistematizando la normativa anterior, que regula un sistema unitario de protección con dos modalidades: diseño de la UE no registrado con protección de 3 años desde su primera divulgación, y diseño de la UE registrado con registro inicial de 5 años, renovable hasta 25 años.

En el juicio de confusión entre una marca mixta y el signo usado por un tercero no puede aislarse como elemento dominante la parte verbal cuando esta describe directamente el servicio. La coincidencia sobre ese componente descriptivo no basta, por sí sola, para afirmar infracción marcaria por riesgo de confusión.

Entre las medidas urgentes en materia de transporte de mercancía por carretera incluidas en el RDL 9/2026, se encuentra la modificación de la revisión del precio del transporte como consecuencia de la variación del precio del combustible entre el momento de la contratación y el de la efectiva realización del mismo, incidiendo en la obligatoriedad de tal revisión.

La normativa sectorial bancaria sobre comisiones protege a toda la clientela, no solo a los consumidores, y permite declarar nula la comisión de reclamación de posiciones deudoras cuando no responde a servicios efectivamente prestados ni a gastos acreditados. La infracción de esa normativa integra el límite del Código Civil y justifica la restitución de lo cobrado indebidamente.

Con entrada en vigor el 20-4-2026 y aplicación efectiva escalonada desde la entrada en vigor de la orden ministerial que especifique los elementos técnicos necesarios para la adecuada implantación y mantenimiento de la solución pública de facturación electrónica, se introducen modificaciones en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación para adaptarlo a las características y requisitos del nuevo régimen de factura electrónica obligatoria.

El conocimiento previo del siniestro por la aseguradora desplaza el dies a quo de los intereses moratorios a la fecha de esa comunicación, aunque quien luego ejercite la acción directa sea un perjudicado distinto. La identidad del comunicante es irrelevante si la aseguradora no prueba que desconocía el siniestro antes de la reclamación del perjudicado.

La fijación de un período de carencia de 90 días para la cobertura de infarto en un seguro de vida no integra la delimitación natural del riesgo, sino que restringe una cobertura ya incluida en la póliza. Cuando la póliza presenta el infarto como riesgo cubierto durante la vigencia contractual, la exclusión temporal inicial opera como cláusula sorpresiva y, por ello, como cláusula limitativa de derechos.

En el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, el socio de control que sufre un daño directo puede ejercitar la acción directa si la póliza no define al tercero perjudicado ni contiene exclusiones que lo aparten de esa condición. La mera condición de socio o la vinculación societaria con la tomadora no eliminan por sí solas su legitimación activa.

En un seguro D&O cuya definición de administrador asegurado se limita a personas físicas, quedan fuera de cobertura los gastos de defensa asumidos por la sociedad que actúa como administrador persona jurídica de una participada.

Con efectos desde el 24-4-2026, entra en vigor en Europa un nuevo marco común mínimo en materia de insolvencia que abarca seis ámbitos: acciones rescisorias; rastreo de activos; procedimientos de venta prenegociada -prepack-; deber de solicitar el concurso; comités de acreedores; y fichas de información esencial. La Directiva debe transponerse, con carácter general, antes del 22-1-2029, con un plazo específico hasta el 10-7-2029 para determinadas medidas relativas al acceso a información bancaria.

La prohibición de compensación tras la declaración de concurso no impide la liquidación de créditos recíprocos cuando ambos proceden de una misma relación jurídica, incluso si esta no es estrictamente contractual, como sucede en la relación societaria entre cooperativa y socio.

Se establece un conjunto de medidas destinadas a facilitar la identificación y localización de activos pertenecientes a la masa del concurso. Para ello, se regula el acceso a información sobre cuentas bancarias -incluido el acceso transfronterizo-, a registros de titularidad real y a registros y bases de datos nacionales, garantizando además que los administradores concursales puedan ejercer estas facultades en condiciones equivalentes en todos los Estados miembros.