Derecho Mercantil

Se introduce un marco común mínimo para los procedimientos de venta prenegociada, configurados como mecanismos que permiten preparar la venta de la empresa antes de la apertura formal del procedimiento de insolvencia y ejecutarla posteriormente en fase de liquidación. La norma regula su estructura en dos fases, el papel del supervisor, los principios del proceso de venta, la transmisión de activos y contratos y la protección de acreedores y terceros.

Se establece un marco mínimo común para las acciones rescisorias, imponiendo a los Estados miembros la obligación de prever la ineficacia de los actos perjudiciales para la masa del concurso realizados antes de la apertura del procedimiento. La norma define los presupuestos generales, distingue categorías de actos impugnables con distintos períodos temporales y regula sus efectos, incluyendo la restitución de beneficios y la responsabilidad de terceros.

En la fase de liquidación concursal, la validez e inscribibilidad de los actos de disposición realizados por la administración concursal exige su adecuación al plan de liquidación aprobado judicialmente. El registrador puede calificar dicha adecuación en cuanto presupuesto de validez del acto, sin entrar en valoraciones jurídicas complejas, pero sí verificando el cumplimiento de las reglas estructurales del plan.

El sobreendeudamiento de la persona física no determina por sí solo la calificación culpable del concurso. Cuando la financiación se destina a necesidades asistenciales primarias de la familia, sin gastos suntuarios y en un contexto excepcional, puede existir negligencia, pero no necesariamente dolo ni culpa grave.

La regla que priva de eficacia al cambio de domicilio realizado en los seis meses anteriores a la solicitud de concurso no opera respecto de la persona física. En estos casos, la competencia territorial se fija por el centro de los intereses principales, atendiendo al lugar donde el deudor administra habitualmente sus intereses de modo reconocible por terceros.

El Supremo reitera su doctrina sobre la extensión de la exoneración del pasivo insatisfecho en la modalidad de plan de pagos bajo la redacción originaria del Texto Refundido de la Ley Concursal. Confirma que puede extenderse al crédito público ordinario y subordinado, al no ser válida la exclusión general introducida en el texto refundido cuando contradice la interpretación jurisprudencial consolidada.

El crédito laboral concursal anterior al concurso, reconocido como ordinario e incluido en el convenio, sigue sometido al sistema de pagos del convenio y no puede ejecutarse ante el Juzgado de lo Social, mientras no exista auto de cumplimiento del convenio ni conste la conclusión del concurso.

Se impone a los administradores de sociedades insolventes el deber de solicitar la apertura del procedimiento de insolvencia en un plazo máximo de tres meses desde que conozcan o deban conocer la insolvencia. La norma prevé posibles mecanismos alternativos o suspensivos del deber y establece la responsabilidad civil de los administradores por los daños causados a los acreedores en caso de incumplimiento.

A pesar de quedar acreditado que el socio impugnante no asistió a las juntas supuestamente universales cuyos acuerdos impugnó, se entiende que no se ha vulnerado el orden público debido al conocimiento que tenía de dichos acuerdos al menos dos años antes de su impugnación, por lo que, cuando interpuso la demanda, la acción de impugnación ya estaba caducada.

Se revoca la calificación negativa del registrador mercantil por falta de motivación, dado que rechaza inscribir el cese y nombramiento de administrador por no constar tales cuestiones en el orden del día de la junta y no tener el carácter de universal, sin explicar por qué razón el no ser universal impide a la junta nombrar administradores tras su cese, teniendo en cuenta que la junta puede cesar a los administradores sin necesidad de que el cese conste en el orden del día.

Se rechaza inscribir la dimisión del administrador único dado que la comunicación se dirigió, no a la sociedad, sino a un administrador ya cesado, y, en todo caso, en dicha comunicación no constaba la renuncia al cargo, sino la convocatoria de junta general extraordinaria para la provisión del cargo.

El cierre registral de la sociedad por falta de depósito de las cuentas anuales no impide la inscripción de la dimisión de los administradores, pero sí lo impide el hecho de que, ante el incumplimiento de obligaciones fiscales, la hoja registral también esté cerrada por baja en el Índice de Entidades de la AEAT y por revocación del NIF.