Derecho Laboral

No puede incluirse en un ERTE a una trabajadora que ya tiene suspendido su contrato por riesgo durante el embarazo y que es beneficiaria de la correspondiente prestación, que en ningún caso se extingue a causa del ERTE sobrevenido.

La contratación puntual de personal externo por parte de la empresa principal para sustituir a trabajadores en huelga de una adjudicataria de servicios no constituye indicio suficiente de esquirolaje externo ni vulnera el derecho de huelga, si está justificada por un informe del servicio de prevención y un requerimiento de la ITSS, y su objetivo es proteger la salud de sus propios trabajadores.

Es infracción muy grave en materia de extranjería utilizar a trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar en España, en el caso concreto, para recolectar cítricos, incluso aunque alguno haya sido contratado, por ser solicitante de protección internacional que es denegada. Si los hechos se comprueban de forma directa y personal por los inspectores de la ITSS no son simples conclusiones, por lo que gozan de presunción de certeza.

En caso de despido improcedente con opción por la readmisión, el plazo de 10 días para que el empresario comunique al trabajador la fecha de su reincorporación al puesto de trabajo comienza a computarse desde la notificación de la sentencia que declara la improcedencia, sin necesidad de esperar a que sea firme. El incumplimiento de este plazo se equipara a una readmisión irregular.

Los datos contenidos en el curriculum como titulaciones complementarias, cursos y experiencia profesional previa no son necesarios para la ejecución del contrato, por lo que la empresa empleadora está obligada a suprimirlos cuando así se lo requiere el trabajador.

A partir del curso 2026-2027, se modifica la regulación de la expedición de títulos universitarios (master y grado) para incorporar en lugar visible (justo después de la denominación del título y en su caso de la referencia a la especialidad cursada), si la modalidad de impartición del título oficial ha sido presencial, semipresencial o híbrido, o virtual, según conste en la memoria del mismo.

La venta telemática de medicamentos sujetos a prescripción médica está prohibida expresamente y la de medicamentos no sujetos a prescripción sólo puede realizarse a través de sitios web propios y autorizados de la oficina de farmacia y con intervención directa del farmacéutico. La utilización de aplicaciones informáticas que actúan como intermediarios en la dispensación constituye una infracción administrativa.

Se actualizan los conjuntos y precios de referencia de las presentaciones de medicamentos establecidos por la Orden Ministerial de 2024. Para ello, se definen nuevos conjuntos con sus respectivos precios de referencia, se revisan los precios previamente fijados y se eliminan aquellos conjuntos que, por causas sobrevenidas, ya no cumplen los requisitos necesarios para su mantenimiento.

El despido de una empleada de hogar tras una intervención quirúrgica que impide temporalmente la prestación de sus servicios, se entiende hecho en circunstancias que vulneran el derecho fundamental a la integridad física o moral del trabajador, por lo que se le declara nulo y debe reconocerse una indemnización por daño moral, con cuantía basada en la LISOS.

La finalización del contrato de arrendamiento del local comercial a instancia del arrendador no constituye por sí misma una causa de fuerza mayor para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad, especialmente cuando el cese era previsible y el autónomo no ha demostrado haber realizado gestiones para evitar el cierre.

La modalidad contractual adecuada para cubrir el aumento de la carga de trabajo que se produce tras las Navidades, vinculado a la implementación de determinados bonos para la clientela, es el contrato por circunstancias de la producción por incremento ocasional e imprevisible de la actividad, y no el previsto para circunstancias ocasionales pero previsibles con una duración más limitada. La coincidencia de la extinción del contrato a su vencimiento y la situación de IT no implica, automáticamente, discriminación por enfermedad.

La ejecutividad de la resolución administrativa que reconoce el recargo, incluso en el caso de prestaciones no vitalicias como es la IT, consolida el derecho del trabajador a hacerla suya aunque posteriormente se reduzca o anule el derecho por resolución judicial, dada su naturaleza mixta, tanto sancionadora como prestacional.