Derecho Laboral

Cuando de la totalidad de las circunstancias resulte que el contrato de trabajo presenta vínculos más estrechos con otro país que el identificado conforme a los criterios de conexión, corresponde al juez nacional dejar de lado dichos criterios y aplicar la ley de ese otro país.

Las cotizaciones abonadas por el SEPE para la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo no deben incluirse en el cómputo de los ingresos del beneficiario a efectos del reconocimiento y conservación de una prestación no contributiva, por no considerarse rentas o retribuciones en especie computables.

Se modifica el ET art.85, ampliando el contenido de los convenios colectivos para incluir el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo con el alcance y el contenido previstos en la L 9/2025.

Convenios colectivos

El empresario tiene una deuda de seguridad con los trabajadores que es incondicionada y, prácticamente, ilimitada, si bien no incurre en responsabilidad cuando el resultado lesivo se haya producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario, lo que debe acreditar. Hay que examinar los hechos probados para establecer si se dan los requisitos o no para declarar la responsabilidad civil empresarial por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo.

A efectos de la tipificación de las infracciones, cuando una misma conducta pueda ser subsumida en dos tipos distintos, uno genérico y otro específico, prima la aplicación de la norma especial sobre la general. En consecuencia, no puede acudirse a las causas genéricas de fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta concreta del actor se tipifica expresamente en el propio convenio como faltas de menor gravedad, sin perjuicio de la facultad del empresario de imponer una sanción inferior.

Las retribuciones del personal al servicio del sector público se incrementan, para 2025, en un 2,5 % y, para 2026, un 1,5 % que puede alcanzar el 2 %, en función de la variación del IPC.

No puede considerarse que quien ha causado baja voluntaria en un convenio especial previo se encuentre, por esa sola circunstancia, incluido dentro del ámbito subjetivo de trabajadores asimilados que causen baja en el RGSS para la suscripción de un nuevo convenio.

La solicitud de abogado de oficio, efectuada por el trabajador y no comunicada al órgano judicial antes de la finalización del plazo procesal, no suspende el plazo para preparar el recurso.

Es nula la cláusula del convenio colectivo que permite cambiar el horario y régimen de turnos, con un preaviso mínimo de 24 horas, sin exigir que respondan a situaciones imprevistas o necesidades urgentes y sin especificar si dicho cambio es permanente o temporal, pues se trata de un preaviso irrazonable y contrario al mínimo de cinco días del Estatuto de los Trabajadores.

Con vigencia desde el 5-12-2025, se ha publicado la Ley de Movilidad Sostenible que, en al ámbito laboral, incluye la obligación de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Deben implantarlos las empresas y las entidades del sector público con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o de 100 por turno y tienen hasta el 5-12-2027 para elaborar e implementar sus planes.

El TS reitera que los periodos de ERTE COVID-19 no se consideran como tiempo de cotización a efectos de generar una nueva prestación por desempleo, puesto que la normativa del COVID-19 no introduce una nueva regla que altere la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.