Derecho Laboral

Se aprueba el incremento de las pensiones en un 2,7% y se establece respecto de la pensión de jubilación contributiva tanto las cuantías mínimas, según la situación del beneficiario; como la cuantía máxima en cómputo anual y mensual.

Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de incapacidad y jubilación van a tener durante 2026 un importe anual de 8.803,20 €.

Se aprueban modificaciones relativas al tratamiento tributario de la previsión social y se incorporan otras de carácter técnico derivadas de la nueva normativa aprobada.

Convenios colectivos

Se establece el procedimiento básico para la acreditación administrativa de las situaciones de violencia sexual por las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla, a fin de permitir a las víctimas el acceso a los derechos y prestaciones reconocidos en la normativa estatal.

En ausencia de asociaciones empresariales con representatividad suficiente en un sector específico, las asociaciones empresariales de ámbito autonómico que cumplan con los requisitos de representatividad están legitimadas para negociar convenios colectivos sectoriales. La constitución de la comisión negociadora puede realizarse en proporción a dicha representatividad, sin que la negativa de una asociación empresarial a formar parte de la comisión impida la validez del acuerdo alcanzado por la asociación que sí participa.

Para que opera la presunción de laboralidad de las lesiones que se producen en tiempo y lugar de trabajo, quien reclama su aplicación ha de acreditar tal hecho, y quien se opone, ha de acreditar la falta total y absoluta de conexión entre la lesión y el trabajo realizado.

No es aplicable el procedimiento para la modificación sustancial de condiciones, en el contexto de una subrogación, cuando el cambio operado no es una decisión unilateral de la empresa, sino la aplicación de lo previamente pactado en un acuerdo colectivo alcanzado con la representación legal de los trabajadores subrogados.

En caso de incumplimiento del precontrato, la indemnización por daños y perjuicios se calcula en función del lucro cesante real derivado de la pérdida del empleo ofrecido, considerando un plazo razonable para la compensación, aunque el trabajador haya cesado voluntariamente en su empleo anterior.

Es preceptivo que las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos efectúen la aportación económica al Tesoro Público cuando concurran los requisitos objetivos de la norma, sin que quepa aplicar interpretaciones flexibilizadoras que permitan excluir de tal obligación a empresas con dificultades económicas sobrevenidas.

El acceso no consentido al correo electrónico del trabajador para comprobar las conductas que se le imputan con el fin de justificar un despido determina la nulidad de la prueba por vulneración del derecho a la intimidad, y de todas las derivadas de ella, pero no determina la nulidad del despido si existen otros hechos acreditados por medios distintos que justifican la extinción del contrato. La reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de su derecho a la intimidad debe tramitarse en un procedimiento de tutela.

En procedimientos de derivación de responsabilidad por deudas de la Seguridad Social, el inicio del cómputo del plazo de caducidad corresponde al acuerdo de incoación del procedimiento y no a las actuaciones previas informativas o informes emitidos por la ITSS.