Derecho Laboral

Es tiempo de descanso, y no tiempo a disposición, cuando la empresa garantiza a los trabajadores del transporte sanitario la desconexión total durante su tiempo de comida; en caso contrario, debe considerarse como tiempo de presencia. La adopción de tal decisión como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo queda legitimada cuando se lleva a cabo a través del procedimiento legal de negociación colectiva.

Las dietas y kilometraje que contempla el convenio estatal de empresas de seguridad solo se devengan en supuestos de desplazamiento temporal y no en los casos en que el originario lugar de prestación de servicios se cambia por otro que se ha convertido en habitual o permanente. Y el lugar que se debe tomar como punto de partida para determinar si se trata de un desplazamiento y se abonan los kilómetros y dietas, es aquel donde materialmente y de forma habitual se prestan los servicios, no el domicilio del trabajador.

El TS reitera que la imposición de costas sólo resulta posible respecto de la parte recurrente vencida, no para quien comparece como recurrido y ve revocada la decisión de instancia favorable a su postura.

Con vigencia desde el 23-10-25, se desarrolla la L 3/2024, para la mejora de la calidad de vida de las personas con ELA u otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. A tal efecto, se crea el grado III+ de dependencia extrema, estableciendo que la cuantía máxima tanto de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como de la prestación económica de asistencia personal queda fijada en 9.859 euros/mes. La cuantía mínima garantizada por la AGE es de 4.930 euros.

El trabajador no está obligado a aceptar la retractación unilateral de la decisión de despedir comunicada por la empresa con la intención de realizar un segundo despido, por lo que, salvo aceptación expresa o tácita que permita la restauración de la relación laboral, mantiene la acción para impugnar el primer despido. Además, la actividad física moderada realizada durante la incapacidad temporal no se considera causa suficiente para justificar un despido por transgresión de la buena fe contractual, dado que no perturba ni demora la curación ni evidencia simulación.

Cuando los profesionales prestan servicios en una clínica dental con autonomía, sin estar sometidos a órdenes o control directo de la empresa, utilizan su propio instrumental, facturan directamente a la empresa por un porcentaje, asumiendo riesgos propios, la relación jurídica se considera de prestación de servicios por cuenta propia y no laboral. A sensu contrario, es laboral cuando concurran indicios de ajenidad y dependencia.

Vulnera el derecho de huelga el requerimiento, remitido el día siguiente al inicio de una huelga, para que los letrados y graduados sociales soliciten la suspensión de las actuaciones procesales señalados para los días en que secunden la huelga y realicen las actuaciones inaplazables para el caso de que no se puedan suspender. No se trata del establecimiento de servicios de seguridad y mantenimiento pues ni garantiza la seguridad de las de personas ni tiene como finalidad garantizar la reanudación de la actividad del departamento jurídico cuando finalice la huelga.

Las ocho semanas del permiso parental no tienen carácter retribuido ni de forma directa por la empresa ni a través de ninguna prestación económica de carácter público. Las obligaciones impuestas por la Directiva europea quedan cumplidas con el resto de permisos y ausencias relacionadas con la familia que sí tienen retribución.

La reforma laboral derogó la prevalencia automática de los convenios de empresa sobre los sectoriales en materia salarial, no obstante, la nueva redacción permite, expresamente, que los convenios sectoriales habiliten a los acuerdos de empresa para regular esta materia.

Se establecen excepciones a los tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías o viajeros entre el 12 y el 14 de octubre de 2025.

La diferencia de trato salarial basada en la fecha de ingreso no es en sí misma discriminatoria, sino que debe ser valorada mediante un juicio de proporcionalidad que considere la justificación objetiva y razonable.

Convenios colectivos