Derecho Laboral

Ante un accidente in itinere, hay que analizar cada caso concreto, porque los hechos pueden llevar a la conclusión de que nos encontramos o no ante un accidente de trabajo in itinere, según se dé más importancia al elemento teleológico o al elemento geográfico. El accidente al caer por las escaleras en el porche de la vivienda unifamiliar no es in itinere ni, por tanto, laboral.

La mera exoneración de prestación de servicios, con abono del salario, dentro de un proceso de investigación interna justificada y en el marco de negociaciones para una salida pactada del trabajador, no implica una vulneración de derechos fundamentales ni constituye un incumplimiento grave empresarial por falta de ocupación efectiva, ni por acoso laboral, que justifique la extinción indemnizada del contrato.

El TS ha reiterado que la audiencia previa no puede exigirse en despidos disciplinarios anteriores a 18-11-2024, cuando se produjo el cambio jurisprudencial que generalizó la obligatoriedad de dicho trámite, sin que ello implique alterar la doctrina en relación con el alcance del cambio de jurisprudencia, ni establecer cánones de irretroactividad propios de las leyes. Esta limitación temporal no se aplica cuando la audiencia viene exigida en el convenio colectivo aplicable, en cuyo caso su incumplimiento determina la improcedencia del despido por defectos formales.

A efectos de fijar criterios comunes para la emisión de los informes para las autorizaciones por circunstancias excepcionales por razones de arraigo social y socioformativo conforme al nuevo Reglamento de extranjería, que antes de concederlas ha de emitir la CCAA, o, en su caso, el Ayuntamiento, la Secretaría de Estado de Migraciones ha dictado instrucciones relativas a su contenido, la naturaleza y competencia para su emisión y el régimen transitorio de los emitidos conforme al anterior Reglamento.

El concepto de remuneración en las ETT ha de ser interpretado de forma amplia, por lo que debe incluir las mejoras voluntarias de los convenios de las empresas usuarias -también el de IT-, a fin de garantizar la igualdad de trato en las mismas condiciones que los trabajadores de estas.

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que el régimen de readmisión y la indemnización por despido improcedente, especialmente en caso de trabajadores temporales contratados en fraude de ley, vulneran la Carta Social Europea revisada.

La condición de empleador corresponde al titular efectivo del hogar familiar donde se prestan los servicios, y no a aquellos que no residan ni asuman directamente la relación laboral; en caso de fallecimiento del empleador, las instrucciones ocasionales por parte de un tercero en vida del titular, no implica la asunción de dicha condición.

El convenio colectivo no es el lugar adecuado para regular con detalle el uso de la inteligencia artificial, ya que esto queda fuera de su objeto principal. Esta ausencia no produce una discriminación indirecta ni vulnera la protección de datos personales.

Con efectos a partir del 1-1-2024, se elimina el tope de financiación máximo que perciben las mutuas colaboradoras de la SS que asumen la gestión de la prestación de la IT por contingencias comunes. Se extiende este mismo régimen de financiación a las prestaciones reconocidas a trabajadores por cuenta propia o autónomos.

La obtención y uso de imágenes públicas en redes sociales, cuando la persona trabajadora etiquetada no objeta su difusión, no vulnera el derecho fundamental a la propia imagen ni a la intimidad, pudiendo ser legítimamente utilizada por la empresa incluso para justificar un despido disciplinario.

Es accidente de trabajo el infarto de un trabajador en el vestuario al llegar al trabajo, cuando ya ha realizado funciones laborales, como arrancar el camión y cargar las cámaras de visionado en el mismo.

En los contratos para la formación y el aprendizaje el mero incumplimiento de la persona trabajadora de su obligación de realizar la formación teórica puesta a su disposición por la empresa no implica, per se, la concurrencia de fraude de ley en la contratación, siempre que la empresa hubiera cumplido sus obligaciones de coordinación, seguimiento y apoyo a la actividad formativa desarrollada por el trabajador.