Derecho Laboral

La falta de designación de secretario o instructor imparciales en el expediente contradictorio tramitado para sancionar a un representante de los trabajadores por la comisión de una falta muy grave, cuando viene exigida en el convenio colectivo de aplicación, constituye un incumplimiento de una garantía esencial del procedimiento que conlleva la calificación del despido disciplinario como improcedente, aunque el convenio no contemple esa consecuencia.

La existencia de una importante dolencia previa de naturaleza no laboral que es causa última de una crisis epiléptica ocurrida en tiempo y lugar de trabajo desvirtúa la presunción de laboralidad y justifica racionalmente la valoración probatoria del JS en ese sentido, si no concurren elementos que justifiquen que puede haber sido causada o agravada por factores laborales.

El acceso por la empresa al disco duro del ordenador proporcionado al trabajador para la realización de sus funciones, limitado a la información estrictamente relacionada con la actividad laboral y sin acceder a datos personales almacenados en servicios privados como «One Drive Personal», no constituye una vulneración del derecho a la intimidad, siempre que dicho acceso sea idóneo, necesario y proporcional para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y justificar un despido disciplinario.

Si el convenio colectivo establece un complemento para la prestación por IT sin limitación temporal expresa, dicho complemento debe mantenerse mientras persista la situación de IT, incluyendo las prórrogas extraordinarias más allá de los 545 días, y la empresa debe cotizar a la Seguridad Social considerando dicho complemento.

En los supuestos de extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario, cuando el alto directivo también forma parte del órgano de administración de la sociedad, es aplicable la doctrina jurisprudencial que entiende que existe el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de 6 mensualidades y, por tanto, esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el IRPF. Igualmente, es posible aplicar la reducción por rendimientos irregulares.

La acción de reclamación de un ascenso por la realización de funciones superiores a las del grupo profesional puede ejercitarse mientras se mantenga el desempeño de dichas funciones, siendo el día inicial del cómputo del plazo de prescripción la fecha en que dejan de realizarse, si bien las diferencias salariales deben reclamarse en el plazo de un año desde que la acción pudo ejercitarse.

No es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para modificar el convenio colectivo aplicable, con propuesta de redacción alternativa, para adaptarlo a una norma jerárquica superior dictada con posterioridad. Se trata de un conflicto de intereses que debe resolverse por el cauce de la impugnación del convenio colectivo por ilegalidad.

En caso de distintos accidentes en el tiempo que afectan a los dos ojos, la responsabilidad de las respectivas mutuas es compartida si se trata de una concurrencia de lesiones que producen ambas una incapacidad, aunque sea de distintos grados, pero no si el primer accidente produce lesiones permanentes no invalidantes y el segundo una incapacidad, al tratarse de un agravamiento.

Se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, a fin de reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar, y protegerla frente a riesgos y amenazas sanitarias.

Se configura como el marco de referencia para la coordinación y ejecución de las políticas de apoyo activo al empleo en toda España en 2025, sirviendo como base compartida a partir de la cual los diferentes servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

Si existe infracotización parcial, la empresa es proporcionalmente responsable de la prestación causada por un accidente ocurrido mientras dura ese incumplimiento.

Se publica la nueva estrategia española de apoyo activo al empleo para el periodo 2025 -2028 que determina el marco estatal al que deben referirse todas las actuaciones que se lleven a cabo en el seno del Sistema Nacional de Empleo en materia de políticas de activación y formación en el trabajo, así como los principios, los objetivos comunes, tanto estratégicos como operativos, las medidas a desarrollar y los recursos financieros con los que se prevé contar para el cumplimiento de los citados objetivos y medidas.