Derecho Laboral

Los datos contenidos en el curriculum como titulaciones complementarias, cursos y experiencia profesional previa no son necesarios para la ejecución del contrato, por lo que la empresa empleadora está obligada a suprimirlos cuando así se lo requiere el trabajador.

A partir del curso 2026-2027, se modifica la regulación de la expedición de títulos universitarios (master y grado) para incorporar en lugar visible (justo después de la denominación del título y en su caso de la referencia a la especialidad cursada), si la modalidad de impartición del título oficial ha sido presencial, semipresencial o híbrido, o virtual, según conste en la memoria del mismo.

La venta telemática de medicamentos sujetos a prescripción médica está prohibida expresamente y la de medicamentos no sujetos a prescripción sólo puede realizarse a través de sitios web propios y autorizados de la oficina de farmacia y con intervención directa del farmacéutico. La utilización de aplicaciones informáticas que actúan como intermediarios en la dispensación constituye una infracción administrativa.

Se actualizan los conjuntos y precios de referencia de las presentaciones de medicamentos establecidos por la Orden Ministerial de 2024. Para ello, se definen nuevos conjuntos con sus respectivos precios de referencia, se revisan los precios previamente fijados y se eliminan aquellos conjuntos que, por causas sobrevenidas, ya no cumplen los requisitos necesarios para su mantenimiento.

El despido de una empleada de hogar tras una intervención quirúrgica que impide temporalmente la prestación de sus servicios, se entiende hecho en circunstancias que vulneran el derecho fundamental a la integridad física o moral del trabajador, por lo que se le declara nulo y debe reconocerse una indemnización por daño moral, con cuantía basada en la LISOS.

La ejecutividad de la resolución administrativa que reconoce el recargo, incluso en el caso de prestaciones no vitalicias como es la IT, consolida el derecho del trabajador a hacerla suya aunque posteriormente se reduzca o anule el derecho por resolución judicial, dada su naturaleza mixta, tanto sancionadora como prestacional.

La finalización del contrato de arrendamiento del local comercial a instancia del arrendador no constituye por sí misma una causa de fuerza mayor para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad, especialmente cuando el cese era previsible y el autónomo no ha demostrado haber realizado gestiones para evitar el cierre.

La modalidad contractual adecuada para cubrir el aumento de la carga de trabajo que se produce tras las Navidades, vinculado a la implementación de determinados bonos para la clientela, es el contrato por circunstancias de la producción por incremento ocasional e imprevisible de la actividad, y no el previsto para circunstancias ocasionales pero previsibles con una duración más limitada. La coincidencia de la extinción del contrato a su vencimiento y la situación de IT no implica, automáticamente, discriminación por enfermedad.

Se retribuyen proporcionalmente tan solo aquellos conceptos retributivos que tengan que ver con la cantidad de horas trabajadas, pero no aquellos otros que se abonen en función de otros parámetros como puede ser la penosidad, la disponibilidad o cualquier otra variable relacionada con el puesto de trabajo, como es el caso de los pluses de turnicidad o festivos.

Cuando un convenio colectivo establece una compensación económica para la jubilación anticipada a partir de una edad mínima (premio de jubilación), esta compensación debe interpretarse de manera integradora para incluir a las personas con discapacidad que se jubilen anticipadamente a una edad inferior, legalmente permitida para su condición, evitando así una discriminación indirecta.

Se reconoce el derecho de un pensionista a que se inaplique el coeficiente de parcialidad que el INSS tuvo en cuenta en el cálculo de la carencia específica de la pensión de jubilación, conforme a la legislación vigente en el momento del hecho causante (17-11-2021), ya que de acuerdo con la doctrina constitucional dicha regulación supone una discriminación indirecta por razón de sexo.

Convenios colectivos