Derecho Laboral

Se procede a la adaptación de la actual regulación al progreso técnico y a la evolución de normativas o especificaciones internacionales, teniendo en cuenta, además, la evolución en las técnicas sanitarias y el nuevo material sanitario incorporado y eliminado en las sucesivas modificaciones de la dotación reglamentaria de los botiquines de a bordo.

Es procedente un despido objetivo por causas económicas, organizativas y productivas en una empresa de traductores e intérpretes al acreditarse que la empresa sufrió un descenso en la demanda debido a la transformación del sector, agravada por la introducción de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que ha provocado pérdidas económicas relevantes.

Los trabajadores temporales tienen derecho a percibir la indemnización por IPT prevista en el convenio colectivo solo para los trabajadores fijos, dado que su exclusión carece de justificación objetiva, razonable y proporcional y vulnera el principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores fijos y temporales.

La extinción de la relación laboral de una empleada de hogar está justificada cuando, además de estar motivada por el cambio de las necesidades de la empleadora, como es su traslado a una residencia por razones de salud, se cumplen los requisitos formales de comunicación escrita, preaviso e indemnización.

Es nula la cláusula del convenio colectivo que permite cambiar el horario y régimen de turnos, con un preaviso mínimo de 24 horas, sin exigir que respondan a situaciones imprevistas o necesidades urgentes y sin especificar si dicho cambio es permanente o temporal, pues se trata de un preaviso irrazonable y contrario al mínimo de cinco días del Estatuto de los Trabajadores.

El empresario tiene una deuda de seguridad con los trabajadores que es incondicionada y, prácticamente, ilimitada, si bien no incurre en responsabilidad cuando el resultado lesivo se haya producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario, lo que debe acreditar. Hay que examinar los hechos probados para establecer si se dan los requisitos o no para declarar la responsabilidad civil empresarial por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo.

A efectos de la tipificación de las infracciones, cuando una misma conducta pueda ser subsumida en dos tipos distintos, uno genérico y otro específico, prima la aplicación de la norma especial sobre la general. En consecuencia, no puede acudirse a las causas genéricas de fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo para justificar un despido disciplinario cuando la conducta concreta del actor se tipifica expresamente en el propio convenio como faltas de menor gravedad, sin perjuicio de la facultad del empresario de imponer una sanción inferior.

Las retribuciones del personal al servicio del sector público se incrementan, para 2025, en un 2,5 % y, para 2026, un 1,5 % que puede alcanzar el 2 %, en función de la variación del IPC.

No puede considerarse que quien ha causado baja voluntaria en un convenio especial previo se encuentre, por esa sola circunstancia, incluido dentro del ámbito subjetivo de trabajadores asimilados que causen baja en el RGSS para la suscripción de un nuevo convenio.

Las cotizaciones abonadas por el SEPE para la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo no deben incluirse en el cómputo de los ingresos del beneficiario a efectos del reconocimiento y conservación de una prestación no contributiva, por no considerarse rentas o retribuciones en especie computables.

Convenios colectivos

Se modifica el ET art.85, ampliando el contenido de los convenios colectivos para incluir el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo con el alcance y el contenido previstos en la L 9/2025.