Derecho Laboral

En aplicación del principio de unidad de empresa complementado con el de actividad preponderante de la misma, se desprende que, aunque algunos trabajadores lleven a cabo actividades fuera del ámbito convencional de la empresa, se les debe aplicar el mismo convenio ya que es la actividad principal de la empresa la que determina el convenio aplicable.

Concurriendo las notas de dependencia y ajenidad, no impide la calificación de la relación laboral la existencia de un acuerdo transaccional que pone fin al proceso de despido y en el que la trabajadora reconoce haber prestado servicios como autónoma.

Corresponde al SEPE la carga de probar las fechas de salida al extranjero y retorno al territorio nacional para poder establecer si se ha superado o no el periodo de 15 días de estancia en el extranjero a los efectos de decidir sobre la extinción del subsidio.

Tiene derecho al subsidio de IT una trabajadora que es operada en la sanidad privada de una enfermedad ocular no incluida en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud. Lo decisivo no es si, ante una situación de enfermedad, el tratamiento es o no financiado por los servicios públicos de salud, sino si de tal enfermedad y tratamiento se deriva una situación incapacitante para el trabajo a juicio de los servicios públicos de salud.

Consideración como accidente no laboral de la complicación médica súbita ajena a la intervención quirúrgica, como consecuencia de la cual el trabajador está en situación de gran invalidez

El TS modifica su doctrina anterior, de forma que no cabe recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en la modalidad procesal de MSCT aunque incorpore una reclamación de cuantía superior a 3.000 €, derivada de aplicar la decisión empresarial impugnada.

Solo la ausencia de criterios de designación de trabajadores afectados por el despido colectivo conlleva su nulidad. Por ello, es ajustado a derecho el despido colectivo que establece unos criterios genéricos de designación desde el inicio de las negociaciones, sin que se haya acreditado que la participación en la huelga durante el periodo de consultas fuera desencadenante de la selección final.

Condena a un empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso real con un delito de estafa agravada, por afectar a un bien de primera necesidad como es el trabajo. Se le impone la pena de 18 meses de prisión por el primer delito y 5 años de prisión por el segundo.

Se aprueba un incremento del 0,5 % en las retribuciones y se publican las instrucciones sobre el pago.

El trabajador despedido disciplinariamente antes de terminar el año de devengo de la retribución variable tiene derecho a la parte proporcional devengada, aunque el despido sea declarado procedente y aunque el acuerdo colectivo condicione su percepción a estar de alta en la empresa a 31 de diciembre.

Al haber ampliado nuestra legislación el concepto de lo colectivo propio de los despidos colectivos a los traslados y a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo también colectivos, el criterio de cómputo por centros de trabajo establecido en la jurisprudencia del TJUE podría ser también aplicable a estos.

Cuando la TGSS considere que una actividad profesional es simulada o fingida, la vía para anular el alta del beneficiario no es la revisión de oficio sino la formulación de la correspondiente demanda ante el órgano competente de la Jurisdicción Social.