Inicio del devengo de los intereses moratorios

1 enero 2026

Actualidad

30 de diciembre de 2025 a 5 de enero de 2026
Inicio del devengo de los intereses moratorios
El devengo de intereses moratorios en reclamaciones de cantidades reconocidas judicialmente comienza desde la fecha en que la deuda debió ser satisfecha, independientemente de la fecha de firmeza de la sentencia que declara la nulidad de las medidas.
MS nº 8002
MSAL-NOM nº 2759

La trabajadora fue afectada por medidas de modificación sustancial de condiciones de trabajo comunicadas en octubre de 2019, que incluían reducciones salariales y suspensión de beneficios sociales, aplicadas desde enero de 1-1-2020. Estas medidas fueron declaradas nulas por la Audiencia Nacional en septiembre de 2020. La empresa abonó extrajudicialmente las cantidades reclamadas el 29-7-2021. La trabajadora reclama los intereses moratorios derivados de las cantidades reconocidas y al ser desestimados tanto en instancia como en suplicación interpone recurso de casación para unificación de doctrina.
La cuestión a resolver radica en si proceden los intereses moratorios por el periodo comprendido entre el 1-1-2020 y el 29-7-2021, y desde qué fecha (dies a quo) debe computarse el devengo de dichos intereses, teniendo en cuenta que la cantidad principal de la reclamación fue abonada de forma extrajudicial tras interponerse la demanda y antes de la celebración del juicio.
Para resolver la cuestión el Alto Tribunal expone que los intereses moratorios sustantivos (ET art 29.3 y CC art.1108) surgen por el mero incumplimiento de la obligación de pago. El inicio de su devengo es la fecha en que debió realizarse el abono, independientemente de la posterior intervención judicial, que tendría relevancia solo para los intereses procesales. La sentencia judicial tiene carácter declarativo, no constitutivo del derecho de crédito, por lo que su reconocimiento se retrotrae al momento en que nació la obligación de pago (TS 25-1-24, EDJ 503444Rec 143/24; 21-9-23, EDJ 702127Rec 4195/20; 25-10-23, EDJ 729436Rec 3881/20).
Aplicando esa doctrina al caso, el Supremo concluye que los intereses moratorios del 10% anual reclamados por la actora deben calcularse desde el 1-1-2020 -fecha en que la deuda debió ser satisfecha por la empresa- y hasta el 29-7-2021, fecha en que finalmente se abonó el principal reclamado. Con ello, la Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, casa y anula la sentencia del TSJ y condena a la empresa al pago de los intereses moratorios indicados. TS 18-11-25, EDJ 787566Rec 2911/24

Memento Social 2026

Memento de referencia en el ámbito jurídico con toda la información laboral y de Seguridad Social en un solo volumen. Actualizado, con el análisis de las últimas reformas y la jurisprudencia y doctrina. Incluye el servicio “Extras Mementos” y alertas semanales por e-mail para que no se te escape ninguna novedad.

Precio

192 €

Ver memento

Laboral

También puede interesarte

31 marzo 2026

Cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General

Cotización a partir del 1 de enero de 2026 de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General y aplicación de la reducción en la aportación empresarial en la cotización por los funcionarios públicos de nuevo ingreso a partir del 1-1-2011 incluidos obligatoriamente en dicho régimen.

11 julio 2023

Medidas de prevención y uso obligatorio de mascarillas en el trabajo por COVID-19

Con efectos al 5-7-2023 se declara oficialmente el fin de la crisis sanitaria por COVID-19 y cesan las medidas de prevención para hacerle frente en los centros de trabajo, en particular el uso obligatorio de mascarillas, si bien se recomienda su uso cuando haya síntomas de infección respiratoria y en determinados contextos y situaciones en los centros y residencias de mayores y personas con discapacidad.

14 marzo 2023

Institución de garantía salarial competente en caso de situaciones transnacionales

Para determinar el Estado miembro cuya institución de garantía es competente para el pago de los créditos salariales impagados de los trabajadores debe considerarse que el empresario insolvente tenga actividades en el territorio de al menos dos Estados miembros, para lo cual no basta con que el trabajador ejerza allí cualquier forma de trabajo sino que la empresa debe tener presencia económica permanente, lo que se traduce en la contratación estable de uno o más trabajadores asalariados. Entonces, la institución competente es la del Estado miembro en el que el trabajador preste habitualmente sus servicios, con independencia del Estado a cuya Seguridad Social se encuentre afiliado.