Derecho Laboral

Con vigencia a partir del 18-1-2026, se aprueba un nuevo reglamento europeo relativo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, en sustitución del anterior que queda derogado.

En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, se aplican las siguientes normas para la revalorización de pensiones.

Con efectos desde el 1-1-2026, se fija la cuantía mínima de la prestación de orfandad en 11.603,20 €, si hay un único beneficiario, y en 19.559, 68 €, si hay varios, en cuyo caso, dicho importe es a repartir entre el número de beneficiarios. En ambos casos, la prestación debe experimentar en 2026 un incremento igual al que se apruebe para el SMI.

Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de incapacidad y jubilación van a tener durante 2026 un importe anual de 8.803,20 €.

Se aprueba el incremento de las pensiones en un 2,7% y se establece respecto de la pensión de jubilación contributiva tanto las cuantías mínimas, según la situación del beneficiario; como la cuantía máxima en cómputo anual y mensual.

Se establece el tipo de cotización correspondiente en función de la fecha de comunicación a la TGSS del nuevo código CNAE-2025.

Se ha publicado el BNR 12/2025 que informa sobre el proceso y las novedades relativas a la regularización anual de bases y cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos correspondientes al ejercicio 2024, cuya gestión corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se aprueban modificaciones relativas al tratamiento tributario de la previsión social y se incorporan otras de carácter técnico derivadas de la nueva normativa aprobada.

No es aplicable el procedimiento para la modificación sustancial de condiciones, en el contexto de una subrogación, cuando el cambio operado no es una decisión unilateral de la empresa, sino la aplicación de lo previamente pactado en un acuerdo colectivo alcanzado con la representación legal de los trabajadores subrogados.

Es preceptivo que las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos efectúen la aportación económica al Tesoro Público cuando concurran los requisitos objetivos de la norma, sin que quepa aplicar interpretaciones flexibilizadoras que permitan excluir de tal obligación a empresas con dificultades económicas sobrevenidas.

En caso de incumplimiento del precontrato, la indemnización por daños y perjuicios se calcula en función del lucro cesante real derivado de la pérdida del empleo ofrecido, considerando un plazo razonable para la compensación, aunque el trabajador haya cesado voluntariamente en su empleo anterior.

El acceso no consentido al correo electrónico del trabajador para comprobar las conductas que se le imputan con el fin de justificar un despido determina la nulidad de la prueba por vulneración del derecho a la intimidad, y de todas las derivadas de ella, pero no determina la nulidad del despido si existen otros hechos acreditados por medios distintos que justifican la extinción del contrato. La reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la vulneración de su derecho a la intimidad debe tramitarse en un procedimiento de tutela.