Derecho Laboral

La edad no es la circunstancia definitiva para el reconocimiento o denegación de la IPT del deportista profesional, sino que lo que ha de constatarse es si, a consecuencia de su patología, ha perdido capacidad para realizar las tareas esenciales de su profesión con normalidad, seguridad y rendimiento mínimo.

Se regula la tramitación electrónica del procedimiento de reconocimiento de las prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE por fuerza mayor o ETOP relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos en municipios de Andalucía y Extremadura.

Se declara la nulidad parcial de la oferta empleo público de estabilización en la AGE por la omisión de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad.

Los sindicatos más representativos a nivel estatal tienen derecho a participar en la comisión negociadora de un convenio colectivo sectorial autonómico, aunque, en ese ámbito específico, su representación sea escasa o inexistente. y la exclusión de estos sindicatos de la comisión negociadora conlleva la nulidad de los acuerdos adoptados, incluido el convenio colectivo.

La Comunidad Autónoma del País Vasco asume, a través de sendos Convenios previstos en su Estatuto de Autonomía, la gestión de las prestaciones familiares y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor, ambas en su modalidad no contributiva, la de la protección por desempleo y la del seguro escolar.

El recargo por mora carece de naturaleza sancionadora y se aplica automáticamente cuando no se paga en plazo la deuda con la Seguridad Social, salvo cuando el ingreso tardío sea imputable a un error de la Administración, no siendo posible aplicar principios de índole material (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) que modulen la exigibilidad del recargo en atención a las circunstancias concurrentes.

Con efectos desde el 6-3-2026, se regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, vía adicional para que las personas interesadas que se encuentren en territorio nacional presenten sus solicitudes y procedimientos en materia de extranjería mediante representación -los colaboradores de extranjería-.

El TS declara la validez como prueba de las imágenes obtenidas mediante cámaras de videovigilancia visibles y anunciadas mediante carteles informativos, que permitieron captar la comisión flagrante de un acto ilícito, al considerar su instalación y uso como una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada. Pero, incluso, aunque la prueba se hubiera obtenido con vulneración de derechos fundamentales, su nulidad no determinaría, necesariamente, la nulidad del despido si existen otras pruebas hábiles que acreditan el incumplimiento del trabajador.

El cómputo del plus de antigüedad para trabajadores con contratos temporales sucesivos debe realizarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos, garantizando así la igualdad retributiva entre trabajadores temporales e indefinidos. Un cambio empresarial en la forma de cómputo del complemento vulnera el principio de buena fe y la prohibición de actuar contra los actos propios.

La Administración autonómica encargada de la vacunación contra el COVID-19 no es responsable de los efectos adversos producidos por la inoculación de las vacunas en el contexto de emergencia sanitaria; solo es responsable por daños derivados de mala praxis, incumplimiento de la lex artis ad hoc o falta de diligencia debida.

Con ello, se derogan las prórrogas, aprobada hasta el 31-12-2026, en relación a la prohibición de despedir por causas objetivas en base al incremento de los costes energéticos por la invasión de Rusia a Ucrania, a empresas receptoras de ayudas públicas, incluidas las acogidas previamente a ERTEs, y la de la moratoria contable de las pérdidas de 2020-2021 (periodo COVID) a efectos de concurrencia de la causa legal de disolución societaria por pérdidas.

La realización de registros diarios e ilimitados en el bolso de los trabajadores, incluyendo la exigencia de mostrar el número IMEI de su teléfono móvil, sin causa justificada ni sospecha previa, constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad y dignidad del trabajador. Por el contrario, son válidos los realizados de forma puntual ante indicios razonables de hurtos, respetando la dignidad e intimidad del trabajador y con la presencia de representantes de los trabajadores.