Derecho Inmobiliario-urbanismo

La adquisición de un inmueble por persona física para su alquiler con ánimo de lucro, sin dedicación profesional habitual, mantiene la condición de consumidor y por tanto la protección frente a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, incluso en operaciones vinculadas a actividades inversoras no profesionales, evidenciando una interpretación funcional y protectora del concepto de consumidor en armonía con la jurisprudencia comunitaria más reciente.

Destaca la precisión sobre la estricta exigencia procedimental en la expedición y anotación de la nota marginal de expedición de certificación de cargas como trámite sustantivo y no meramente formal dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria, así como su importancia como mecanismo notificatorio a terceros posteriores, incluyendo el rechazo a la posibilidad de sustituir dicha actuación registral por certificaciones judiciales, enfatizando la función esencial protectora de la seguridad jurídica y la integridad del procedimiento registral-executivo.

Las prohibiciones de disponer dictadas en procesos penales o administrativos, incluyendo aquellas ordenadas para asegurar cumplimiento de obligaciones tributarias, generan un cierre registral absoluto impuesto por el principio de prioridad registral, que afecta incluso a actos dispositivos derivados de asientos registrales anteriores. Es necesaria la autorización expresa por la autoridad que decretó la prohibición para permitir la inscripción no pudiendo ser esta soslayada por otra autoridad registral o judicial.

La Dirección General aclara la configuración legal y registral de las subcomunidades en régimen de propiedad horizontal. Es necesario su constitución formal y registral antes de que puedan inscribir estatutos propios. La mera existencia de registros administrativos o tratados fiscales no sustituyen los requisitos legales para su reconocimiento por lo que el registrador puede exigir dichos requisitos para la inscripción.

Aprobación del régimen jurídico de las entidades colaboradoras con competencias en materia de urbanismo.

Hay una distinción esencial entre el juicio de capacidad y el juicio de suficiencia, siendo este último de consignación obligatoria. La ausencia de una expresión literal precisa del juicio de suficiencia puede suplirse cuando en conjunto las manifestaciones del notario permiten inferir la suficiencia de las facultades representativas, evitando formalismos excesivamente rígidos.

La utilización de documentos privados con firmas legitimadas notarialmente carece de la consideración de documentos auténticos exigidos para la cancelación registral de cargas derivadas de escrituras públicas, salvo cuando la ley o el título pactado dispongan expresamente modalidades excepcionales, como actas notariales. Es obligatorio, además, identificar los medios de pago conforme a la normativa fiscal vigente, vinculando el régimen registral a la prevención del fraude fiscal y estableciendo que tales defectos son subsanables, pero su omisión justifica la denegación.

El Tribunal Supremo considera que la representación del presidente en defensa de la comunidad en fase recursal no requiere autorización expresa de la junta, que las cláusulas estatutarias de exención relativas a gastos de conservación no se extienden a obras imprescindibles para garantizar la accesibilidad universal, y que el requisito de estar al corriente del pago no limita la legitimación para impugnar acuerdos que alteran la distribución de gastos conforme al título constitutivo.

Resulta obligatoria la firmeza de las resoluciones judiciales para que puedan producir efectos en el Registro de la Propiedad en materia de asignación de número de registro para alquileres turísticos. El papel del registrador consiste en la comprobación de la compatibilidad entre el uso turístico y limitaciones estatutarias inscritas, en el contexto del nuevo régimen regulado por el RD 1312/2024 y en armonía con el Reglamento europeo, asegurando la seguridad jurídica y el control de la legalidad en este ámbito.

Puede extenderse la prohibición estatutaria expresada en términos genéricos y con inclusión de «similares» a los alquileres turísticos de corta duración, fundamentada en la identidad de razón con el aprovechamiento por turno y la protección del interés comunitario. El Registro de la Propiedad es competente para calificar y denegar la asignación del número de registro de alquiler turístico cuando existan prohibiciones comunitarias inscritas, en conformidad con la regulación estatal y el Derecho europeo.

En un contrato de obra celebrado por una comunidad, en el que los copropietarios asumen individualmente la obligación de pago correspondiente a sus porcentajes, estos están legitimados para reclamar personalmente las cantidades pagadas al prestamista en contratos de crédito vinculados y para las acciones frente al contratista, sin que dicha legitimación se limite exclusivamente a la comunidad.

La responsabilidad por daños por filtración de agua desde un elemento común con uso privativo recae objetivamente en la comunidad de propietarios, sin que sea necesaria la concurrencia de culpa o negligencia.