Derecho Inmobiliario-urbanismo

La acción de restitución por cláusulas abusivas en contratos con consumidores no comienza a prescribir hasta la firmeza de la sentencia que declare la nulidad, salvo prueba de conocimiento previo por parte del consumidor. La nulidad de pleno derecho de la comisión de apertura implica la imprescriptibilidad de la acción para su restitución, lo que tiene un impacto significativo en la protección de los derechos de los consumidores en materia hipotecaria.

La falta de transparencia en la información sobre el índice IRPH no implica automáticamente la nulidad de la cláusula siendo necesario, para declarar abusividad, un desequilibrio significativo en las obligaciones contractuales. La mera complejidad o falta de información completa sobre la evolución del índice no basta para invalidar la cláusula.

Se debe hacer una interpretación literal y restrictiva de las cláusulas de arras penitenciales en contratos de reserva de compraventa. La facultad de desistimiento debe ser simétrica para ambas partes no generando desequilibrio abusivo la ausencia de plazo para la promotora cuando la cláusula es transparente y equitativa.

La especificidad y claridad en las garantías de devolución de anticipos en contratos de compraventa de viviendas en construcción son de suma importancia. Las líneas de avales genéricas no generan confianza suficiente para atribuir responsabilidad al avalista colectivo, lo que limita la extensión de la responsabilidad bancaria en estos supuestos.

Se determina la documentación que habrá de acompañarse a la solicitud de calificación de viviendas o alojamientos protegidos

Se modifican de forma urgente diversas disposiciones reglamentarias en materia de vivienda

Se determinan los ingresos necesarios para acceder a las viviendas protegidas, fijando sus precios máximos de venta y renta

Se establecen bases reguladoras y se convocan ayudas al alquiler de vivienda

La cédula de habitabilidad no es requisito previo para la inscripción registral de la declaración de obra nueva terminada en Cataluña, limando confusiones entre las competencias de control urbanístico y de calidad de la vivienda. El control de la cédula queda pospuesto al otorgamiento de actos traslativos o cesiones del uso, lo cual responde a una regulación autonómica específica y a la doctrina jurídica común, aportando seguridad jurídica y uniformidad interpretativa en la materia.

Existe competencia registral para controlar el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios en la asignación de números de registro de alquiler turístico, así, las prohibiciones estatutarias deben ser expresas, claras, estar inscritas y se interpretan de forma restrictiva. Además, la actividad de alquiler turístico se considera económica y comercialmente vinculada a la hostelería para efectos del régimen estatutario, fundamentando la suspensión del registro cuando existan prohibiciones claras sin modificación estatutaria previa.

Requisitos legales relativos a distancias mínimas que deben respetar las instalaciones ganaderas y sus excepciones en instalaciones equinas.

Se aprueban medidas urbanísticas urgentes para los municipios rurales de Cataluña frente al despoblamiento y la falta de medios, creando el Plan de ordenación urbanística municipal rural que clasifica el suelo y protege el agrario, forestal y natural, delimita sectores para compleciones o crecimientos moderados (con ordenación por fases) y fija estándares de espacios libres, equipamientos y vivienda protegida. Además, permite reservas mínimas de sistemas, sustituir cesiones por aportaciones a un fondo municipal, y regula un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable.