Derecho Inmobiliario-urbanismo

Clasificación de los terrenos de caza.

Se regula el Programa de fomento del acceso de las personas jóvenes a una vivienda en propiedad ante las dificultades existentes del acceso restringido a la vivienda.

Las prohibiciones de disponer dictadas en procesos penales o administrativos, incluyendo aquellas ordenadas para asegurar cumplimiento de obligaciones tributarias, generan un cierre registral absoluto impuesto por el principio de prioridad registral, que afecta incluso a actos dispositivos derivados de asientos registrales anteriores. Es necesaria la autorización expresa por la autoridad que decretó la prohibición para permitir la inscripción no pudiendo ser esta soslayada por otra autoridad registral o judicial.

Destaca la precisión sobre la estricta exigencia procedimental en la expedición y anotación de la nota marginal de expedición de certificación de cargas como trámite sustantivo y no meramente formal dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria, así como su importancia como mecanismo notificatorio a terceros posteriores, incluyendo el rechazo a la posibilidad de sustituir dicha actuación registral por certificaciones judiciales, enfatizando la función esencial protectora de la seguridad jurídica y la integridad del procedimiento registral-executivo.

La adquisición de un inmueble por persona física para su alquiler con ánimo de lucro, sin dedicación profesional habitual, mantiene la condición de consumidor y por tanto la protección frente a cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, incluso en operaciones vinculadas a actividades inversoras no profesionales, evidenciando una interpretación funcional y protectora del concepto de consumidor en armonía con la jurisprudencia comunitaria más reciente.

Destaca el tribunal, al establecer con precisión que, en contratos de compraventas no residenciales, como los de apartamentos turísticos, la responsabilidad de las entidades bancarias avalistas se ajusta estrictamente a los límites cuantitativos de los avales individuales otorgados, descartando la extensión de la protección de la L 57/1968 que se aplica a contratos residenciales, y delimitando así el alcance de las garantías financieras en estos supuestos.

Se modifica la ley foral del derecho a la vivienda para reforzar la estabilidad y permanencia del parque de viviendas protegidas.

Se regula la vivienda asequible en la Región de Murcia para mejorar la situación de emergencia habitacional.

Se adoptan medidas de simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria y refuerzo de los derechos sociales y económicos en la Comunitat Valenciana

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento de viviendas públicas y rehabilitación de inmuebles en municipios de Aragón de menos de 3000 habitantes.

Se convocan ayudas destinadas a facilitar a personas menores de 40 años la adquisición en propiedad de una vivienda situada en las Illes Balears.

Es posible que las Entidades Urbanísticas de Conservación modifiquen estatutariamente sus fines para incluir la asunción de actividades de conservación y mantenimiento de la urbanización, incluyendo tareas tradicionalmente consideradas competencia municipal, como la limpieza del viario público y recogida de residuos vegetales, siempre que existan planes y proyectos urbanísticos de iniciativa privada que así lo establezcan y se garantice la debida aprobación administrativa.