Derecho Inmobiliario-urbanismo

El Tribunal reconoce la naturaleza autónoma e impugnable de la respuesta administrativa a consultas previas de viabilidad que, si bien son previas y preparatorias de un procedimiento de autorización definitivo, poseen carácter vinculante para la Administración y condicionan decisivamente la posibilidad de autorización posterior, lo que reafirma y amplía la comprensión jurídica sobre la impugnabilidad de actos administrativos de trámite con efectos determinantes.

La Dirección General aclara el momento del devengo del IVA en operaciones de arrendamiento con contraprestación en especie por obras de rehabilitación, la consideración de las obras como pago anticipado y su tratamiento contable y fiscal, así como la aplicación práctica del criterio del ICAC para la imputación temporal de ingresos y gastos en estos contratos complejos.

Cada escritura que constituya un negocio jurídico autónomo e independiente es un título inscribible distinto que debe se presentar separadamente para su calificación

Se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad sentencias judiciales firmes que aclaren o interpreten normas estatutarias de las comunidades de propietarios, siempre que se trate de actos colectivos competencia de la junta. Conviene distinguir claramente cuándo un acto requiere consentimiento individualizado versus cuándo basta la mayoría en junta para la inscripción registral, así como la importancia de inscribir resoluciones judiciales que configuran el régimen estatutario incorporado al Registro, en cumplimiento del principio de publicidad y oponibilidad frente a terceros.

La inscripción o denominación de un inmueble como turístico en el título constitutivo no constituye una autorización suficiente para ejercer actividades turísticas reguladas por la reforma de la LPH, siendo necesario contar con la aprobación explícita de la comunidad de propietarios en los casos posteriores a la reforma de 2025.

La adjudicación de bienes sociales en liquidación a socios no se equipara a una transmisión onerosa a efectos del derecho de retracto arrendaticio, delimitando así el ámbito de aplicación de la LAU art.25 y evitando una extensión indebida de este derecho excepcional.

Se determinan los ingresos necesarios para acceder a las viviendas protegidas, fijando sus precios máximos de venta y renta

La especificidad y claridad en las garantías de devolución de anticipos en contratos de compraventa de viviendas en construcción son de suma importancia. Las líneas de avales genéricas no generan confianza suficiente para atribuir responsabilidad al avalista colectivo, lo que limita la extensión de la responsabilidad bancaria en estos supuestos.

Se determina la documentación que habrá de acompañarse a la solicitud de calificación de viviendas o alojamientos protegidos

Se modifican de forma urgente diversas disposiciones reglamentarias en materia de vivienda

La cédula de habitabilidad no es requisito previo para la inscripción registral de la declaración de obra nueva terminada en Cataluña, limando confusiones entre las competencias de control urbanístico y de calidad de la vivienda. El control de la cédula queda pospuesto al otorgamiento de actos traslativos o cesiones del uso, lo cual responde a una regulación autonómica específica y a la doctrina jurídica común, aportando seguridad jurídica y uniformidad interpretativa en la materia.

El Tribunal Supremo destaca la distinción entre la caducidad del ejercicio de la acción administrativa para restablecer la legalidad urbanística y la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados en procedimientos caducados, aclarando que la caducidad no implica automáticamente nulidad radical, sino que debe analizarse el contexto y la competencia administrativa concreta para determinar la validez del acto.