Derecho Inmobiliario-urbanismo

Se regulan los contratos de arrendamiento y uso de viviendas ubicadas en Navarra en lo relativo al arrendamiento de habitaciones.

La responsabilidad por daños por filtración de agua desde un elemento común con uso privativo recae objetivamente en la comunidad de propietarios, sin que sea necesaria la concurrencia de culpa o negligencia.

En un contrato de obra celebrado por una comunidad, en el que los copropietarios asumen individualmente la obligación de pago correspondiente a sus porcentajes, estos están legitimados para reclamar personalmente las cantidades pagadas al prestamista en contratos de crédito vinculados y para las acciones frente al contratista, sin que dicha legitimación se limite exclusivamente a la comunidad.

La instalación de una casa prefabricada desmontable en el terreno arrendado, sin autorización escrita del arrendador, no constituye una modificación esencial o permanente de la configuración del inmueble que permita a este resolver el contrato de arrendamiento.

Excepciones a los usos prohibidos en relación con los proyectos estratégicos de inversión.

Establecimiento de una modificación en el régimen del uso de los suelos calificados como uso terciario o dotacional privado para destinarlo a la implantación de viviendas de protección pública.

Posibilidad de que las certificaciones técnicas contenidas en los planes de sectorización queden condicionadas a una planificación en vigor posterior a la aprobación definitiva de un instrumento de planeamiento urbanístico.

Se modifica el plazo de antigüedad de las edificaciones que deben presentar el informe de evaluación de edificios.

La norma ajusta los importes máximos aplicables a determinadas viviendas en las Illes Balears, corrige desajustes detectados en los valores de Mallorca y Menorca, que quedaban por debajo del mínimo legal y rectifica un error material en los importes asignados a Ibiza y Formentera, que excedían ligeramente el límite máximo permitido.

El tribunal delimita las competencias estatales y autonómicas respecto a la regulación de arrendamientos turísticos y registros relacionados, diferenciando la competencia para el establecimiento de un registro jurídico inscrito en el Registro de la Propiedad de las competencias autonómicas en turismo y vivienda. El Estado tiene competencia para establecer la ventanilla única digital y la coordinación en materia de intercambio de datos conforme al Reglamento europeo fijando, además, los criterios sobre los límites competenciales en la implementación de normativa europea en materia de economía digital y vivienda.

Se declara como zona de mercado residencial tensionado al municipio de Basauri

El Tribunal Supremo clarifica la interpretación del concepto de hospedería en estatutos comunitarios en relación con la reciente figura jurídica de la vivienda de uso turístico, estableciendo que estas últimas se encuadran dentro del concepto prohibido de hospedería y que dicha prohibición es válida y exigible, lo que representa una importante concreción doctrinal en el contexto de la propiedad horizontal y el impacto social del alquiler turístico.