Derecho Inmobiliario-urbanismo

El tribunal delimita las competencias estatales y autonómicas respecto a la regulación de arrendamientos turísticos y registros relacionados, diferenciando la competencia para el establecimiento de un registro jurídico inscrito en el Registro de la Propiedad de las competencias autonómicas en turismo y vivienda. El Estado tiene competencia para establecer la ventanilla única digital y la coordinación en materia de intercambio de datos conforme al Reglamento europeo fijando, además, los criterios sobre los límites competenciales en la implementación de normativa europea en materia de economía digital y vivienda.

El Tribunal Supremo clarifica la interpretación del concepto de hospedería en estatutos comunitarios en relación con la reciente figura jurídica de la vivienda de uso turístico, estableciendo que estas últimas se encuadran dentro del concepto prohibido de hospedería y que dicha prohibición es válida y exigible, lo que representa una importante concreción doctrinal en el contexto de la propiedad horizontal y el impacto social del alquiler turístico.

Se declara como zona de mercado residencial tensionado al municipio de Basauri

El Tribunal ratifica el carácter programático y respetuoso con la autonomía autonómica que deben tener las normas estatales que establecen condiciones básicas en materia de vivienda y urbanismo, delimitando el ejercicio legítimo de competencias estatales de coordinación y planificación económica sin invadir competencias exclusivas autonómicas, especialmente en un ámbito sensible como el derecho a la vivienda.

Se adecuan y alinean los plazos autonómicos con los plazos estatales especialmente en el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Se adoptan una serie de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears así como para la simplificación y la racionalización administrativas

Se establece una nueva regulación de las cooperativas, también las de vivienda, en Asturias para tratar de proporcionar a las personas socias viviendas y locales a precio de coste.

El Tribunal destaca la interpretación flexible del requisito de acreditación del pago exigido por la LEC art.449.1, permitiendo su subsanación posterior a la interposición del recurso para garantizar el respeto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, precisando así los límites entre los requisitos procesales formales y el acceso efectivo a la justicia en procedimientos de desahucio por expiración del plazo contractual.

El tribunal reitera y clarifica el principio de que la responsabilidad contractual del promotor en materia de defectos constructivos no está condicionada por la gravedad de tales defectos, y reconoce que la comunidad de propietarios cuenta con legitimación activa para reclamar la reparación de daños a elementos comunes, incluso cuando los actuales titulares no sean los adquirentes originarios, subrayando la inaplicabilidad restrictiva del principio de relatividad de los contratos en favor de la protección jurídica de los comuneros sucesivos.

El tribunal subraya que la responsabilidad del arquitecto conforme a la LOE no queda excluida por la falta de finalización o recepción formal de la obra cuando dicha situación deriva de causas ajenas al propietario y existen evidencias claras de negligencia profesional y firma de documentos falsos que causan daños en la construcción.

El Tribunal subraya que en contratos rústicos de larga duración la valoración de pruebas periciales y testificales tiene preeminencia y que la ausencia de documentación escrita sobre la comunicación de mejoras no es insalvable cuando el consentimiento y conocimiento se deducen del conjunto probatorio; asimismo, precisa los criterios para distinguir entre labores ordinarias y mejoras indemnizables en fincas agrícolas.

La licencia de primera ocupación se define como documento habilitante suficiente para acreditar el cambio de uso en la inscripción registral, modificando la exigencia tradicional de licencia de obra específica para el cambio, siempre que no implique modificaciones estructurales sustanciales. Además, se aplica la LS art.28.4 para la inscripción de obras nuevas por antigüedad y la necesidad de notificación municipal posterior, estableciendo el ámbito de actuación para los registros ante casos de ampliaciones y cambios de uso en edificios ya consolidados.