Derecho Inmobiliario-urbanismo

Se modifica la regulación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid

Se distingue entre el plazo de prescripción de la infracción urbanística y el plazo de caducidad de la acción administrativa para restablecer la legalidad urbanística, enfatizando que para la inscripción registral del cambio de uso es determinante el cumplimiento del plazo de caducidad de la acción administrativa (15 años en la Comunidad Valenciana) y no el plazo de prescripción de la infracción (4 años).

Se ha superado el rigor formalista en la práctica registral respecto a la exigencia de mandamientos judiciales específicos para la cancelación y revitalización de asientos derivados de ejecuciones hipotecarias sobreseídas por nulidad de cláusulas abusivas. El auto de sobreseimiento es título suficiente para estas operaciones si identifica correctamente a la finca y el acto jurídico.

La resolución confirma la suspensión de la inscripción de una representación gráfica alternativa cuando la oposición de colindantes, valorada motivadamente, revela dudas fundadas de identidad y un conflicto de delimitación. La resolución de las controversias, no obstante, queda reservada a los tribunales.

Modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de multirreincidencia en delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

El acoso inmobiliario requiere la concurrencia del elemento subjetivo de dolo directo, es decir, la intención de hostigar al arrendatario para forzar su salida, no siendo ni la mera existencia de deficiencias ni los retrasos en reparaciones suficiente para configurar dicha infracción.

Se aprueban una batería de medidas para paliar la crisis económica derivada de la guerra de Oriente medio y que afecta de manera especial a las Islas Baleares por su condición de insularidad

Adopción de medidas fiscales en la Comunidad Foral de Navarra como respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Oriente Medio

Ayudas previstas por el Plan estatal de vivienda en relación con la ordenación urbanística.

Se modifica el tiempo durante el cual una finca segregada debe destinarse a cualquier tipo de uso no agrario para que se permita la excepción a la prohibición general de segregación en suelo rústico.

La delimitación cartográfica provisional del dominio público hidráulico es suficiente para el ejercicio de las potestades administrativas sin necesidad de deslinde previo. El Tribunal fija los límites de la legitimación activa de las entidades locales para impugnar planes hidrológicos, restringiéndola a casos de afectación directa y concreta a sus derechos o competencias.

El Tribunal distingue entre la responsabilidad subjetiva en materia sancionadora y la atribución de competencias administrativas. El incumplimiento de la Administración autonómica en la ejecución de infraestructuras hidráulicas puede eximir de responsabilidad sancionadora a las entidades locales, cuando estas no pueden cumplir sus obligaciones por dicha causa, y siempre que la no realización de vertidos pueda comprometer gravemente la salud pública.