Derecho Inmobiliario-urbanismo

La interpretación restrictiva debe darse a las medidas de suspensión de licencias urbanísticas, diferenciando claramente entre licencias de edificación y licencias de cambio de uso. Es necesario justificar las medidas restrictivas con datos y estudios que acrediten razones imperiosas de interés general, en especial en el contexto de la regulación de viviendas de uso turístico y la protección del derecho a la vivienda y el entorno urbano.

El Tribunal Supremo fija como doctrina que al expediente de liquidación definitiva de una reparcelación forzosa no se le aplica la caducidad del procedimiento administrativo común, sino el régimen previsto en la normativa urbanística específica. Además, aclara que el transcurso del plazo de 5 años que establece esta última, constituye una irregularidad que no invalida la liquidación.

La expropiación por ministerio de la ley no es un remedio válido para la inactividad o demora de la Administración en la gestión urbanística cuando los terrenos están afectados por un sistema de ejecución del planeamiento basado en la cooperación de los propietarios. Prevalece el sistema normativo propio de la gestión urbanística sobre la potestad expropiatoria en estos casos, teniendo el instituto expropiatorio una función limitada frente a los mecanismos propios de gestión urbanística participativa.

Fomento e impulso de las declaraciones responsables y comunicaciones previas en las actuaciones de los particulares con la Administración

Supuesto exceptuado del deber de conservación de obras de urbanización cuando el suelo esté destinado a usos industriales y/o comerciales.

Posibilidad de condicionar la verificación técnica

Planes de ordenación de los recursos naturales. Procedimiento de aprobación.

La cédula de habitabilidad no es requisito previo para la inscripción registral de la declaración de obra nueva terminada en Cataluña, limando confusiones entre las competencias de control urbanístico y de calidad de la vivienda. El control de la cédula queda pospuesto al otorgamiento de actos traslativos o cesiones del uso, lo cual responde a una regulación autonómica específica y a la doctrina jurídica común, aportando seguridad jurídica y uniformidad interpretativa en la materia.

Se establecen bases reguladoras y se convocan ayudas al alquiler de vivienda

Se determinan los ingresos necesarios para acceder a las viviendas protegidas, fijando sus precios máximos de venta y renta

Se modifican de forma urgente diversas disposiciones reglamentarias en materia de vivienda

Se determina la documentación que habrá de acompañarse a la solicitud de calificación de viviendas o alojamientos protegidos