Derecho Inmobiliario-urbanismo

Cada escritura que constituya un negocio jurídico autónomo e independiente es un título inscribible distinto que debe se presentar separadamente para su calificación

La Dirección General aclara el momento del devengo del IVA en operaciones de arrendamiento con contraprestación en especie por obras de rehabilitación, la consideración de las obras como pago anticipado y su tratamiento contable y fiscal, así como la aplicación práctica del criterio del ICAC para la imputación temporal de ingresos y gastos en estos contratos complejos.

El Tribunal reconoce la naturaleza autónoma e impugnable de la respuesta administrativa a consultas previas de viabilidad que, si bien son previas y preparatorias de un procedimiento de autorización definitivo, poseen carácter vinculante para la Administración y condicionan decisivamente la posibilidad de autorización posterior, lo que reafirma y amplía la comprensión jurídica sobre la impugnabilidad de actos administrativos de trámite con efectos determinantes.

Posibilidad de que los municipios rurales aprueben su propio municipio incluso si se está elaborando una norma de planeamiento de carácter indefinido.

La memoria de viabilidad económica, para el Tribunal, es siempre preceptiva en instrumentos de planeamiento urbanístico sobre medio urbano, pero matiza que en supuestos sin transformación ni impacto económico debe constar la justificación de dicha ausencia, permitiéndose incluir ese contenido en la memoria de sostenibilidad sin que ello invalide el instrumento, aplicando el principio de proporcionalidad y evitando rigorismos formales excesivos.

Delimitación de perímetros de protección prioritaria para la prevención de incendios forestales.

Competencias de la Consejería de economía, industria, comercio y autónomos en materia de minas.

Posibilidad de la revisión del planeamiento de los municipios rurales.

Establecimiento de un requisito para la publicación de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.

Derogación D Cataluña 64/2014 art.59.1.b).

El Tribunal Supremo destaca la distinción entre la caducidad del ejercicio de la acción administrativa para restablecer la legalidad urbanística y la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados en procedimientos caducados, aclarando que la caducidad no implica automáticamente nulidad radical, sino que debe analizarse el contexto y la competencia administrativa concreta para determinar la validez del acto.

El dolo en la prevaricación urbanística se configura por la conciencia plena y voluntad de actuar al margen del ordenamiento jurídico, sin que la existencia de un fin loable exonere de responsabilidad penal. La jurisdicción penal es competente para ordenar la demolición de obras ilegales y la nulidad de licencias urbanísticas concedidas con prevaricación, incluso cuando haya transcurrido el plazo administrativo para la demolición.