Derecho Inmobiliario-urbanismo

Normas directoras aplicables a la documentación electrónica de los instrumentos de ordenación

Hay que cumplir estrictamente con los requisitos legales para la práctica del requerimiento de pago en procedimientos de venta extrajudicial de hipoteca, especialmente en cuanto a la persona a quien se dirige la notificación en el domicilio registrado. La notificación a personas no facultadas, aunque allegadas, no es suficiente para evitar la indefensión y la suspensión de la inscripción registral, reforzando así la protección del derecho de defensa en estos procedimientos extrajudiciales.

La doctrina que exige la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor inscrito antes de la demanda para la inscripción del decreto de adjudicación en ejecución hipotecaria, diferenciando esta situación de la notificación posterior prevista en la LEC art.689, que no es suficiente para suplir la falta de demanda.

Es importante la precisión en la exigencia de la georreferenciación expresa y suficiente de la porción de suelo ocupada por edificaciones para su inscripción registral, sin que sea obligatorio el formato GML en todos los casos, siendo necesaria la inscripción previa o simultánea de la representación gráfica de la finca para garantizar la legitimación registral.

La existencia de controversia entre titulares registrales colindantes sobre la georreferenciación de fincas justifica la denegación de la inscripción en el procedimiento de la LH art.199, remitiendo la resolución definitiva a la vía judicial o conciliatoria. Además, existe la posibilidad de inscribir parcialmente la georreferenciación en los tramos no controvertidos, lo que permite cierta flexibilidad en la inscripción registral ante conflictos limitados.

La descripción de la finca en los títulos presentados para inscripción debe coincidir plenamente con la inscrita en el Registro, incluso en aspectos como la superficie y linderos de porciones de terreno de uso exclusivo, para preservar la seguridad jurídica y evitar confusiones en la circulación de derechos reales. La corrección de descripciones defectuosas debe realizarse mediante los procedimientos notariales adecuados antes de la inscripción.

El Decreto regula el programa 'Alquilámoste', que incentiva la cesión de viviendas vacías de titularidad privada a la administración autonómica, garantizando un canon mensual y la devolución del inmueble en buen estado, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler y facilitar el acceso a personas con ingresos limitados

Resolución de la Asamblea Regional de Murcia que ordena la publicación del acuerdo de derogación del DL 3/2025 sobre medidas urgentes en vivienda y ordenación urbanística. El acuerdo fue adoptado por el Pleno al amparo del Estatuto de autonomía art.30.3

El Tribunal clarifica y actualiza los parámetros del control de transparencia aplicable a las cláusulas que contienen el IRPH como índice de referencia en préstamos hipotecarios. La accesibilidad pública y la indicación adecuada de fuentes oficiales pueden suplir la obligación de información directa por parte del prestamista, no afectando a la transparencia la omisión de información sobre el diferencial negativo previsto en circulares anteriores si se cumple con la referencia a la normativa aplicable y la información accesible.

La abusividad de una cláusula referenciada al IRPH debe valorarse atendiendo al tipo efectivo resultante en el momento de la contratación, considerando el diferencial pactado y comparándolo con los tipos de interés habituales del mercado. La falta de transparencia no conlleva automáticamente la nulidad, sino que habilita para un juicio de abusividad que debe ser individualizado.

La asociación de propietarios de la urbanización no puede imponer a no asociados un sistema de reparto de gastos aprobado unilateralmente, obligando a que la contribución de los demandados se calcule conforme al sistema previsto en el reglamento original de la urbanización, la suma a abonar se determinará según la proporción de la superficie parcelaria, y no según los estatutos de la Asociación.

Cuando se destinan fondos para hacer frente a una derrama para dar cumplimiento a una condena judicial, al haberse destinado los fondos al interés común y repartiéndose ahora el coste de la reposición del patrimonio comunitario, todos los comuneros, incluidos los que ostentan un crédito reconocido judicialmente frente a la comunidad de propietarios, deben contribuir proporcionalmente, no siendo aplicable una exención en favor de estos últimos.