1. Resuelve el Tribunal sobre la validez de la adquisición y posesión del inmueble por parte de los demandados mediante los títulos invocados y la usucapión, o corresponde la propiedad al Estado por afectación a servicio público y prescripción adquisitiva extraordinaria.
La Administración General del Estado reclamó la nulidad de varios actos jurídicos relacionados con la propiedad de un inmueble adquirido inicialmente por una junta local para donarlo al Jefe del Estado, alegando que el inmueble fue poseído y gestionado como bien público hasta 1975, mientras que los demandados —herederos y sociedad mercantil— alegaron ser propietarios legítimos por compraventa y usucapión.
El Tribunal Supremo considera que la propiedad del inmueble corresponde al Estado, que poseyó el bien en concepto de dueño para servicio público hasta 1975, y que los demandados no adquirieron la propiedad por usucapión. Además, se reconoce el derecho de los demandados a la liquidación del estado posesorio por los gastos útiles y necesarios realizados.
Tanto el Código civil como la doctrina jurisprudencial sobre la posesión en concepto de dueño, la imprescriptibilidad de bienes de dominio público, la imposibilidad de usucapir bienes afectos a servicio público y la regulación de la liquidación del estado posesorio consideran inadmisible la desafectación tácita sin actos concluyentes y la imposibilidad de modificar sustancialmente las pretensiones en la audiencia previa (CC art. 339, 433, 434, 442, 447, 451, 453, 454, 1950 y 1959).
TS 11-3-26, EDJ 546208
1 abril 2026
Se modifica el tiempo durante el cual una finca segregada debe destinarse a cualquier tipo de uso no agrario para que se permita la excepción a la prohibición general de segregación en suelo rústico.
1 mayo 2026
Se aprueban medidas urbanísticas urgentes para los municipios rurales de Cataluña frente al despoblamiento y la falta de medios, creando el Plan de ordenación urbanística municipal rural que clasifica el suelo y protege el agrario, forestal y natural, delimita sectores para compleciones o crecimientos moderados (con ordenación por fases) y fija estándares de espacios libres, equipamientos y vivienda protegida. Además, permite reservas mínimas de sistemas, sustituir cesiones por aportaciones a un fondo municipal, y regula un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable.
1 octubre 2025
Esta ley establece medidas excepcionales para responder a las consecuencias sociales, económicas y territoriales de las erupciones volcánicas en las islas, centradas especialmente en la recuperación de la isla de La Palma a raíz de la erupción de 2021. La norma prevé soluciones urbanísticas, económicas y sociales flexibles que faciliten la reconstrucción y reasentamiento de los afectados, garantizando su participación y atendiendo la singularidad del desastre.
Recibe los posts más recientes en tu email
