Derecho Inmobiliario-urbanismo

El Tribunal Supremo fija doctrina reiterando que en los procedimientos administrativos que afecten a una pluralidad de destinatarios -como la declaración de Bien de Interés Cultural- el dies ad quem para el cómputo de la caducidad es la fecha de publicación en el boletín oficial, no la notificación individual.

Para el TSJ de la Comunidad Valenciana no existió vía de hecho en la ocupación del vial municipal, ya que la cesión gratuita del suelo destinado a viario era una obligación legal de los propietarios, aunque no se formalizara documentalmente. La jurisdicción contencioso-administrativa no puede pronunciarse sobre la titularidad dominical del terreno, correspondiendo esta al orden civil.

El Tribunal destaca la importancia del cumplimiento estricto de los plazos para la solicitud de legalización de obras sin licencia, reafirmando que la naturaleza del uso del inmueble no exime del cumplimiento de la normativa urbanística en materia de obras y licencias.

Delitos contra la ordenación del territorio Delitos cometidos por promotores y bien jurídico protegido. Estudio

No concurre el tipo penal si se anula el acuerdo que deniega una calificación urbanística.

Configuración de órgano colegiado

Modificación en la estructura y funciones de órganos dependientes de la Consellería de Medio ambiente y Cambio Climático

Desarrollo del régimen jurídico del Foro del litoral de Galicia

Reestructuración administrativa

Modificación de la estructura orgánica.

Esta ley establece medidas excepcionales para responder a las consecuencias sociales, económicas y territoriales de las erupciones volcánicas en las islas, centradas especialmente en la recuperación de la isla de La Palma a raíz de la erupción de 2021. La norma prevé soluciones urbanísticas, económicas y sociales flexibles que faciliten la reconstrucción y reasentamiento de los afectados, garantizando su participación y atendiendo la singularidad del desastre.

Este Decreto Ley introduce medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, destacando la creación de la 'vivienda protegida asequible' y diversas reformas legislativas para incrementar la oferta de suelo y viviendas, especialmente para sectores vulnerables. Justifica su aprobación por la situación de emergencia habitacional, la insuficiencia de la oferta de vivienda y la competencia exclusiva autonómica sobre urbanismo y vivienda.