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Este decreto adopta medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica derivada de los efectos de la guerra en Oriente Medio. Existe un contexto internacional de alta incertidumbre por factores geopolíticos y económicos, con especial impacto en la energía y las materias primas.
La escalada del conflicto ha provocado una volatilidad financiera, alteraciones del tráfico aéreo y marítimo y disrupciones en rutas estratégicas, en particular en el estrecho de Ormuz, con repercusión directa en el suministro y en los precios del petróleo y del gas, así como posibles impactos en otras cadenas de suministro.
En el ámbito balear, se ha producido una mayor exposición por la condición insular y el peso del sector servicios en el PIB. El principal riesgo es la vulnerabilidad energética y la exposición indirecta vinculada a los servicios, con efectos transversales sobre costes empresariales, inflación y competitividad.
Se producen siete impactos principales: 1) encarecimiento del transporte; 2) encarecimiento de suministros y materias primas, con subidas relevantes del gas y de la electricidad; 3) riesgo de restricciones y desabastecimientos por tensiones logísticas; 4) aumento de la inflación, sobre una base ya elevada en Baleares; 5) efectos en el turismo por cambios en flujos y percepciones de seguridad; 6) volatilidad bursátil y presión sobre el euríbor y los tipos de interés; y 7) moderación del crecimiento económico por el encarecimiento energético.
La norma recoge una serie de medidas, entre las que destacan las siguientes: medidas para agilizar subvenciones y expedientes de gasto; medidas para asegurar el equilibrio económico de los contratos, permitiendo modificaciones de materiales con garantías y previendo la aplicación de una eventual revisión excepcional de precios de carácter básico; cláusulas de revisión de precios en pliegos hasta el 31 de diciembre de 2026.
Asimismo, incluye medidas en liquidez, fiscalidad, función pública, agricultura, ganadería y pesca, transportes e industria, construcción y comercio; reglas de gestión presupuestaria; consideraciones de doble y triple insularidad; y encaje en el régimen de ayudas de Estado. Se modifican normas tributarias para deducciones autonómicas en IRPF en 2026 e introducen ajustes para aplicar incrementos retributivos del sector público conforme a la normativa estatal citada.
DL Baleares 1/2026, BOIB 1-4-261 septiembre 2026
Un acuerdo alcanzado en un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, aunque formalizado en escritura pública y con fuerza ejecutiva entre las partes, no es suficiente ni adecuado para alterar los asientos del Registro de la Propiedad respecto a la prescripción adquisitiva cuando existe titular registral que no ha sido reconocido judicialmente.
1 mayo 2026
Es necesario acreditar la notificación fehaciente al arrendatario incluso en procedimientos judiciales como la ejecución hipotecaria ya que la existencia de representación procesal o el conocimiento de hecho no exime de cumplir con los requisitos legales formales de notificación conforme a la LAU art.25, especialmente para activar derechos de tanteo y retracto y garantizar la seguridad jurídica registral.
1 mayo 2026
La cédula de habitabilidad no es requisito previo para la inscripción registral de la declaración de obra nueva terminada en Cataluña, limando confusiones entre las competencias de control urbanístico y de calidad de la vivienda. El control de la cédula queda pospuesto al otorgamiento de actos traslativos o cesiones del uso, lo cual responde a una regulación autonómica específica y a la doctrina jurídica común, aportando seguridad jurídica y uniformidad interpretativa en la materia.
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