Derecho Inmobiliario-urbanismo

La delimitación cartográfica provisional del dominio público hidráulico es suficiente para el ejercicio de las potestades administrativas sin necesidad de deslinde previo. El Tribunal fija los límites de la legitimación activa de las entidades locales para impugnar planes hidrológicos, restringiéndola a casos de afectación directa y concreta a sus derechos o competencias.

El Tribunal distingue entre la responsabilidad subjetiva en materia sancionadora y la atribución de competencias administrativas. El incumplimiento de la Administración autonómica en la ejecución de infraestructuras hidráulicas puede eximir de responsabilidad sancionadora a las entidades locales, cuando estas no pueden cumplir sus obligaciones por dicha causa, y siempre que la no realización de vertidos pueda comprometer gravemente la salud pública.

Atribución de competencias a la D. G. del Agua de Castilla-La Mancha.

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, aunque son disposiciones de carácter general, no requieren seguir el procedimiento reglamentario ordinario del Gobierno, sino el procedimiento específico sectorial previsto. Su aprobación anticipada respecto a los mapas de peligrosidad y riesgo no implica nulidad si se ha considerado la información disponible y se ha garantizado la coordinación administrativa y participación pública.

Se aprueba el plan director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.

Se aprueba la Estrategia Regional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica de Castilla-La Mancha, en desarrollo del marco estatal, tomando como referencia la Estrategia Nacional y la infraestructura verde como una red coherente y planificada de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas para conservar ecosistemas y servicios.

Se amplía el ejercicio de la acción popular extendiendo la legitimación de la Comunidad de Madrid en los procesos penales seguidos por delitos de incendio y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Normas generales de simplificación administrativa que afectan a los procedimientos con la Administración en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

La consecuencia jurídica directa de la nulidad de un planeamiento urbanístico principal es la nulidad de los planes derivados. Es importante el cumplimiento riguroso de los informes preceptivos y la justificación técnica en la modificación de planes urbanísticos.

Sometimiento a autorizaciones previas de determinadas actuaciones relativas a patrimonio cultural.

Actuaciones sujetas a declaración responsable en materia de patrimonio cultural.

Los órganos judiciales y la administración tienen la obligación de realizar un emplazamiento diligente y efectivo a todos los interesados identificables mediante fuentes accesibles, como el Registro de la Propiedad, en procedimientos que afectan derechos reales sobre bienes inmuebles, especialmente en materia urbanística, para evitar situaciones de indefensión y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.