1 junio 2026
Madrid. Planeamiento de desarrollo
Posibilidad de condicionar la verificación técnica
Se plantea la discusión sobre si tiene derecho el arrendatario a ser indemnizado por las mejoras realizadas en la finca arrendada y a recuperar las cuotas abonadas a la comunidad de regantes impuestas por el arrendador, cumpliéndose los requisitos legales para dicha indemnización y comunicación al arrendador.
Un arrendatario de una finca agrícola reclamó a la Fundación Pro-Infancia indemnización por las mejoras realizadas en la finca durante el contrato de arrendamiento, así como la devolución de cuotas abonadas a la comunidad de regantes que consideraba ilegales.
La Sala considera que el arrendatario tiene derecho a ser indemnizado por las mejoras realizadas con conocimiento y consentimiento del arrendador, y no procede estimar las demás pretensiones, confirmando la jurisprudencia previa sin introducir cambio doctrinal.
La conclusión se fundamenta en la valoración conjunta de la prueba pericial y testimoniales que acreditan la realización de mejoras con consentimiento explícito o inequívoco del arrendador, bajo la normativa aplicable de la Ley de Arrendamientos Rústicos y su reglamento, rechazando además la alegación de falta de comunicación formal cuando existe conocimiento y ausencia de oposición del arrendador. TS 4-5-26, EDJ 578904
1 junio 2026
Posibilidad de condicionar la verificación técnica
1 junio 2026
Se hacen una serie de modificaciones de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el estado
1 junio 2026
El tribunal delimita las competencias estatales y autonómicas respecto a la regulación de arrendamientos turísticos y registros relacionados, diferenciando la competencia para el establecimiento de un registro jurídico inscrito en el Registro de la Propiedad de las competencias autonómicas en turismo y vivienda. El Estado tiene competencia para establecer la ventanilla única digital y la coordinación en materia de intercambio de datos conforme al Reglamento europeo fijando, además, los criterios sobre los límites competenciales en la implementación de normativa europea en materia de economía digital y vivienda.
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