Las entidades colaboradoras de la Administración de Castilla-La Mancha tienen por objeto realizar funciones de informe y certificación, así como de apoyo técnico o material en funciones de análisis, evaluación, supervisión y control en materias, entre otras, de urbanismo, gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, turismo o agricultura. Estas entidades han de inscribirse en el Registro General de Entidades Colaboradoras de Castilla-La Mancha. Cuando ejerzan sus funciones en materia de urbanismo han de obtener una autorización emitida por la consejería competente en materia de urbanismo para el desempeño de las mismas en los siguientes procedimientos: solicitud de calificación urbanística en suelo rústico; solicitud de licencias urbanísticas de todo tipo; formulación de declaraciones responsables y comunicaciones previas; aprobación de proyectos de obras públicas ordinarias y proyectos o anteproyectos de urbanización; aprobación de proyectos de equidistribución de todo tipo, incluyendo la normalización de fincas. Pueden intervenir en procedimientos autonómicos y en procedimientos urbanísticos competencia de los municipios de Castilla-La Mancha cuando así lo acuerde el Pleno de la Corporación correspondiente.D Castilla-La Mancha 43/2026, DOCM 31-7-26
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1 abril 2026
Se ha superado el rigor formalista en la práctica registral respecto a la exigencia de mandamientos judiciales específicos para la cancelación y revitalización de asientos derivados de ejecuciones hipotecarias sobreseídas por nulidad de cláusulas abusivas. El auto de sobreseimiento es título suficiente para estas operaciones si identifica correctamente a la finca y el acto jurídico.
1 julio 2026
Se regula el Programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda para facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a la población joven y a las familias con menores a cargo en Canarias.
1 noviembre 2025
Cuando se destinan fondos para hacer frente a una derrama para dar cumplimiento a una condena judicial, al haberse destinado los fondos al interés común y repartiéndose ahora el coste de la reposición del patrimonio comunitario, todos los comuneros, incluidos los que ostentan un crédito reconocido judicialmente frente a la comunidad de propietarios, deben contribuir proporcionalmente, no siendo aplicable una exención en favor de estos últimos.
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