1 mayo 2026
Cataluña. Planeamiento “provisional”
Posibilidad de que los municipios rurales aprueben su propio municipio incluso si se está elaborando una norma de planeamiento de carácter indefinido.
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Resuelve la Dirección General el recurso que versa sobre si es suficiente para la cancelación de una condición resolutoria inscrita la presentación de una instancia privada con firma legitimada notarialmente junto a una carta de pago del acreedor, o si es necesario cumplir estrictamente con la forma del acta notarial prevista en la escritura pública de compraventa.
Una mercantil solicitó la cancelación de la condición resolutoria inscrita sobre varias fincas, aportando una instancia privada con firma legitimada notarialmente y una carta de pago expedida por la vendedora que reconocía haber recibido íntegramente el pago aplazado y autorizaba a los compradores a solicitar la cancelación registral.
La DGSJFP concluye que no es suficiente la instancia privada con firma legitimada para cancelar la condición resolutoria inscrita, siendo necesario el otorgamiento de acta notarial conforme a lo pactado en la escritura pública, pues la instancia privada no constituye documento auténtico a efectos registrales.
Para la cancelación de inscripciones derivadas de escritura pública mediante sentencia firme, se exige escritura o documento auténtico con consentimiento expreso del titular. No es válida la instancia privada con legitimación notarial que no constituye documento auténtico. Además, la cláusula pactada en la escritura prevé específicamente la cancelación mediante acta notarial, respetando el principio de legalidad registral y la salvaguardia jurisdiccional de los asientos del Registro (LH art.82).
DGSJFP Resol 18-3-26EDD 2026/630114
1 mayo 2026
Posibilidad de que los municipios rurales aprueben su propio municipio incluso si se está elaborando una norma de planeamiento de carácter indefinido.
1 julio 2026
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1 octubre 2025
Se adoptan medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y modernizar la gestión urbanística en Murcia. La reforma, que modifica la Ley de Vivienda y la Ley de Ordenación Territorial autonómicas, impulsa la creación de nuevas modalidades de vivienda protegida y refuerza la protección social, a la vez que agiliza los procedimientos de planeamiento y flexibiliza la actuación sobre el suelo. Destacan la introducción de incentivos como las primas de edificabilidad y la puesta en marcha del Panel de Impulso Urbanístico para acelerar y coordinar trámites administrativos.
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