1 octubre 2026
País Vasco. Programa Alokaplus para impulsar el alquiler en zonas tensionadas
Se crea el programa de ayudas Alokaplus (Aloka+), dirigido a personas arrendadoras de viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado.
22 Resuelve la Dirección General la controversia sobre si el registrador de la propiedad puede suspender la asignación del número de registro de alquiler de corta duración por existir una prohibición estatutaria de la comunidad de propietarios y en ausencia de firmeza en la sentencia que declara dicha prohibición inaplicable al inmueble en cuestión.
Una mercantil solicitó en el Registro de la Propiedad la asignación de número de registro para alquiler de corta duración de un inmueble con licencia turística, pero la solicitud fue suspendida al basarse en una prohibición estatutaria de la comunidad de propietarios y en la falta de firmeza de una sentencia judicial que desestimaba tal prohibición.
Para la DGSJFP, el registrador puede suspender la asignación del número de registro cuando la prohibición estatutaria está inscrita y la sentencia judicial que la revoca no es firme; la asignación solo procede una vez acreditada la firmeza de dicha sentencia, manteniéndose la doctrina previa sin cambios.
La calificación registral debe verificar la existencia de obstáculos derivados del Registro, siendo inexcusable la firmeza de los documentos judiciales para la práctica registral dada la trascendencia y la definitividad de los asientos, asegurando así la seguridad jurídica y el respeto a los estatutos debidamente inscritos (RD 1312/2024, CCC y LH).
DGSJFP Resol 7-1-26EDD 2026/637618
1 octubre 2026
Se crea el programa de ayudas Alokaplus (Aloka+), dirigido a personas arrendadoras de viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado.
1 mayo 2026
Competencias de la Consejería de economía, industria, comercio y autónomos en materia de minas.
1 julio 2026
La subrogación real en materia urbanística comprende tanto terrenos como los productos inmobiliarios construidos sobre ellos, extendiendo la obligación de cumplir cargas urbanísticas a los adquirentes de estos productos. Además, limita la competencia de las Juntas de Compensación para excluir a estos adquirentes, consolidando la aplicación del principio de subrogación real y la protección registral de las cargas, lo que influye en el régimen jurídico de transmisión y responsabilidad urbana en procesos de transformación urbanística.
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