Derecho Mercantil

Se ordena la continuación del expediente de convocatoria judicial de junta que había sido suspendido en primera instancia por prejudicialidad penal, dado que los procedimientos penales de índole societaria, si bien ponen de manifiesto el conflicto entre los socios y socios-administradores, no enervan el derecho del socio a instar la convocatoria de junta para el caso de que, oportunamente requeridos, los administradores no la convoquen, como aquí ha ocurrido.

En ejercicio de la acción social interpuesta directamente por un socio minoritario, se condena al administrador a indemnizar a la sociedad con el importe que esta abonó al hermano contratado por él (persona vinculada), dado que no recabó la previa autorización de la junta general, ni siquiera le informó de ello. Aunque consta que, tras el inicio del proceso judicial, la sociedad ratificó la contratación efectuada, la Audiencia, en este caso, se atiene al estado de hechos previos a la demanda, como efecto propio de la litispendencia. Por otro lado, el hecho de que los importes abonados en virtud de esta contratación estuviesen reflejados en las sucesivas cuentas anuales aprobadas por la junta, no supone en modo alguno que la autorizara.

Sin el previo acuerdo de la junta general, la sociedad no puede ejercitar la acción social contra uno de sus administradores. Además, en este caso, la sociedad carecía de capacidad procesal para ejercitar dicha acción contra el administrador a través de reconvención formulada en un proceso de impugnación de sus acuerdos sociales promovido por el propio administrador único, dado que las facultades procesales del socio que representaba a la sociedad en este proceso de impugnación se limitaban a representar a la sociedad en este proceso, sin poder ejercer otras acciones en nombre de la sociedad.

A efectos de la responsabilidad por deudas del administrador, la deuda por costas impuestas a la sociedad nace, en el proceso declarativo, con la sentencia que las impone, y en el proceso de ejecución contra la sociedad, con el auto que la despacha. Si estos hitos son posteriores a la causa de disolución, aunque la deuda principal sea anterior, el administrador responde de dichas deudas por costas.

Se absuelve al administrador de la reclamación efectuada contra él con fundamento en el régimen de responsabilidad por deudas, debido a que la deuda reclamada procede de un incumplimiento de contrato producido antes de que la sociedad incurriese en causa de disolución, dado que, para determinar si la deuda es anterior o posterior a la causa disolutoria, hay que atender a la fecha del incumplimiento del contrato (e incluso de la perfección del mismo), y no a la fecha de la sentencia que lo declara.

Los cinco días de antelación para solicitar la presencia de notario en la junta general se computan incluyendo el día en que se notifica la solicitud a la sociedad y excluyendo el propio día de celebración de la junta. En este caso, aunque entre dicha notificación efectiva y la celebración de la junta no mediaba ese plazo mínimo, ello se debió a la negligencia de la propia sociedad, que no adoptó las medidas oportunas para recoger los avisos que le dejaba la Oficina de Correos.

Se considera cumplido el requisito de intento previo de solución extrajudicial del conflicto a través de un MASC mediante la remisión por el acreedor de un burofax a la sociedad deudora y su administrador (al domicilio que consta en el contrato), reclamando el pago y ofreciendo al mismo tiempo la negociación entre las partes; y ello aunque no fuese entregado de forma efectiva a sus destinatarios, tras varios intentos infructuosos.

El hecho de que una sociedad sea declarada en concurso y este concluya por insuficiencia de masa no extingue sin más la sociedad, por lo que su personalidad jurídica se mantiene intacta; y ello sin perjuicio de que, incluso tras su extinción formal y cancelación de asientos registrales, subsista, aun de forma latente, su personalidad jurídica mientras no se agoten todas sus relaciones jurídicas (activas y pasivas). En todo caso, la Ley Concursal no establece ningún efecto de la declaración de concurso sobre las acciones de impugnación de acuerdos sociales.

En caso de que el aumento de capital no sea inscrito por defectos insubsanables apreciados por el registrador mercantil, es admisible que la sociedad, por acuerdo de su junta general, pueda “repetir” el aumento no inscrito únicamente con los socios previos a dicha ampliación, pero no puede adoptar, sin la participación de los socios que en su día la suscribieron, otros acuerdos independientes, como es un segundo aumento de capital y la retribución de los administradores.

Para la inscripción registral de una ampliación de capital con cargo a reservas no es exigible la legitimación notarial de la firma del auditor que verifica el balance incorporado a la escritura. La normativa societaria exige la verificación del balance por auditor y su incorporación al título inscribible, pero no impone la legitimación notarial de la firma del profesional que emite el informe.

Se desestima la solicitud de disolución judicial debido a que la renuncia al cargo de los dos administradores mancomunados (incluido el solicitante de la disolución) no es causa de disolución por paralización de los órganos sociales, dado que cualquier socio puede instar al LAJ o al registrador mercantil la convocatoria de junta general para el nombramiento de nuevos administradores.

Una vez derogado el RDL 16/2025, por no convalidación por el Congreso, que prorrogaba hasta el cierre del ejercicio iniciado en 2026 la moratoria contable de las pérdidas de los ejercicios 2020-2021 (período Covid), el Gobierno incluyó esta misma moratoria en el RDL 2/2026, de 3 de febrero, que, como el anterior, ha sido también derogado por el Congreso, por lo que nuevamente la moratoria decae.