Derecho Laboral

El TS reitera que la imposición de costas sólo resulta posible respecto de la parte recurrente vencida, no para quien comparece como recurrido y ve revocada la decisión de instancia favorable a su postura.

Con vigencia desde el 23-10-25, se desarrolla la L 3/2024, para la mejora de la calidad de vida de las personas con ELA u otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. A tal efecto, se crea el grado III+ de dependencia extrema, estableciendo que la cuantía máxima tanto de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como de la prestación económica de asistencia personal queda fijada en 9.859 euros/mes. La cuantía mínima garantizada por la AGE es de 4.930 euros.

Las ocho semanas del permiso parental no tienen carácter retribuido ni de forma directa por la empresa ni a través de ninguna prestación económica de carácter público. Las obligaciones impuestas por la Directiva europea quedan cumplidas con el resto de permisos y ausencias relacionadas con la familia que sí tienen retribución.

Vulnera el derecho de huelga el requerimiento, remitido el día siguiente al inicio de una huelga, para que los letrados y graduados sociales soliciten la suspensión de las actuaciones procesales señalados para los días en que secunden la huelga y realicen las actuaciones inaplazables para el caso de que no se puedan suspender. No se trata del establecimiento de servicios de seguridad y mantenimiento pues ni garantiza la seguridad de las de personas ni tiene como finalidad garantizar la reanudación de la actividad del departamento jurídico cuando finalice la huelga.

Cuando los profesionales prestan servicios en una clínica dental con autonomía, sin estar sometidos a órdenes o control directo de la empresa, utilizan su propio instrumental, facturan directamente a la empresa por un porcentaje, asumiendo riesgos propios, la relación jurídica se considera de prestación de servicios por cuenta propia y no laboral. A sensu contrario, es laboral cuando concurran indicios de ajenidad y dependencia.

Convenios colectivos

Se crea la Comisión encargada de la emisión del informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en grupos o actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Si el convenio coletivo de la empresa usuaria establece una mejora de las prestaciones de Seguridad Social que también recoge el convenio de ETT, pero en cuantía inferior, la trabajadora puesta a disposición tiene derecho a la establecida en el convenio de la empresa usuaria, y la ETT ha de suscribir una póliza que cubra esa cuantía.

El período de prestación del servicio social femenino obligatorio no se computa para acreditar el período mínimo de cotización exigido para la pensión de jubilación ordinaria, dado que la ley limita su cómputo exclusivamente a las pensiones de jubilación anticipada y parcial, y no existe fundamento legal para extenderlo a la jubilación ordinaria, especialmente cuando el servicio se realizó décadas antes del hecho causante.

La indemnización por daños morales tiene una finalidad preventiva y disuasoria, más allá de la mera compensación económica. Por ello, para fijar su cuantía se debe tener en cuenta de forma integral la duración, gravedad, consecuencias personales y familiares del acoso.

Se reduce la edad de jubilación de los agentes forestales y medioambientales al servicio de las administraciones públicas mediante la aplicación del coeficiente reductor del 0,20 aplicable a los años completos efectivamente trabajados como tales. Este beneficio conlleva la aplicación de un tipo de cotización adicional. El período de reducción de la edad de jubilación se considera efectivamente cotizado a efectos de calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión.

Aunque la mera situación de incapacidad temporal no es indicio suficiente para presumir discriminación por razón de enfermedad, de la valoración conjunta de las circunstancias concurrentes, la proximidad temporal entre el accidente laboral y el despido, la ausencia de causa justificada, la gravedad de las lesiones y los incumplimientos en materia de prevención de riesgos, sí se desprende la existencia de indicios suficientes de discriminación, correspondiendo a la empresa acreditar las causas justificativas del cese; en ausencia de tal prueba, el despido debe considerarse discriminatorio y dar lugar a indemnización por daños morales.