Derecho Laboral

El importe mínimo de la deuda generada por prestaciones por desempleo indebidamente percibidas por debajo del cual no podrá iniciarse el procedimiento de reintegro se establece, con carácter general, en el 3% del IPREM mensual. Por otra parte, la obligación de los beneficiarios de presentar la declaración del IRPF se aplaza hasta el ejercicio 2025.

Aunque el TS reitera que la obligación de conceder audiencia previa al trabajador que va a ser cesado por causas relacionadas con su conducta o rendimiento solo puede exigirse a los despidos producidos a partir del 18-11-2024, el TSJ Illes Balears ha declarado la improcedencia de un despido acordado con anterioridad valorando que, pese a que la empresa, presumiblemente, conocía la postura favorable de su Sala de lo social respecto a la obligación de conceder la audiencia previa, no alegó que dicha audiencia no era exigible, sino que se limitó a manifestar que se había cumplido el trámite mediante audiencia al delegado sindical.

No hay discriminación por edad de un trabajador de 55 años que alega trato desigual en las indemnizaciones por despido, respecto a los de menor edad, tras la fusión del banco en que el trabajaba con otra entidad bancaria. El TSJ considera que las diferencias en las indemnizaciones están justificadas y no constituyen discriminación, manteniendo el fallo desestimatorio de la instancia anterior.

Interpretación no restrictiva de la enfermedad laboral: inclusión de la tendinitis del manguito de los rotadores dentro de las enfermedades profesionales.

Se actualizan para 2025 las cuantías del baremo de daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación, que son tenidas en cuenta para valorar los daños por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Una sentencia penal absolutoria solo permite la revisión de una sentencia firme de despido cuando la sentencia es absolutoria por inexistencia del hecho o no haber participado el sujeto en los mismos. La absolución del delito de hurto en vía penal no impide que el juez de lo social considere suficientemente acreditado el incumplimiento contractual grave que justifica la extinción procedente del contrato de trabajo.

Comercializar un producto financiero sin informar al cliente de los riesgos inherentes al mismo es motivo de despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del trabajo. En el caso de irregularidades bancarias cometidas con ocultación, el inicio del plazo de prescripción larga de las infracciones se sitúa en el día en que el perjudicado denuncia los hechos, cesa la ocultación y la empresa tiene noticia de la posible conducta irregular del actor.

La concesión de un aplazamiento en el pago de cuotas pendientes después de producido el hecho causante no equivale a estar al corriente en el pago de las cotizaciones, a los efectos prestacionales (en el caso resuelto a los efectos de poder lucrar una pensión por incapacidad permanente).

No procede el reintegro de los gastos sanitarios generados por el tratamiento en un hospital privado cuando no se atiende a la prescripción por el médico de la atención primaria de acudir a un hospital público, produciéndose un abandono de la sanidad pública por la paciente.

El acoso laboral vulnera el derecho a la integridad física y moral, íntimamente relacionado con el derecho a la dignidad personal, pudiendo también afectar a otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen. Además, cuando se sufre como represalia por haber denunciado irregularidades de compañeros de trabajo, se vulnera la garantía de indemnidad que protege a los trabajadores, siendo este hecho especialmente grave, pues no solo afecta a la víctima sino también al interés general.

Para determinar la cotización que corresponde efectuar por los trabajadores beneficiarios de la prestación especial por desempleo de los trabajadores con relación laboral especial de artistas, se debe aplicar el coeficiente reductor 0,20 a deducir de la cuota íntegra resultante. Y para el MEI, el tipo es el 0,80 % sobre la base de cotización por contingencias comunes (0,67 % a cargo del SEPE y 0,13 % a cargo de la persona beneficiaria del subsidio).

En tanto se apruebe la LPGE 2025, se mantiene la actual base de cotización reducida de 526,14 €/mes para los artistas autónomos con rendimientos iguales o inferiores a 3.000 €/año que hayan solicitado la aplicación de una base de cotización reducida por contingencias comunes.