Derecho Laboral

En caso de despido improcedente con opción por la readmisión, el plazo de 10 días para que el empresario comunique al trabajador la fecha de su reincorporación al puesto de trabajo comienza a computarse desde la notificación de la sentencia que declara la improcedencia, sin necesidad de esperar a que sea firme. El incumplimiento de este plazo se equipara a una readmisión irregular.

Es infracción muy grave en materia de extranjería utilizar a trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar en España, en el caso concreto, para recolectar cítricos, incluso aunque alguno haya sido contratado, por ser solicitante de protección internacional que es denegada. Si los hechos se comprueban de forma directa y personal por los inspectores de la ITSS no son simples conclusiones, por lo que gozan de presunción de certeza.

La contratación puntual de personal externo por parte de la empresa principal para sustituir a trabajadores en huelga de una adjudicataria de servicios no constituye indicio suficiente de esquirolaje externo ni vulnera el derecho de huelga, si está justificada por un informe del servicio de prevención y un requerimiento de la ITSS, y su objetivo es proteger la salud de sus propios trabajadores.

No puede incluirse en un ERTE a una trabajadora que ya tiene suspendido su contrato por riesgo durante el embarazo y que es beneficiaria de la correspondiente prestación, que en ningún caso se extingue a causa del ERTE sobrevenido.

La exigencia empresarial de una justificación genérica y previa del uso del crédito horario sindical no constituye una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, siempre que no se exija una justificación rigurosa y exhaustiva ni se realice una vigilancia indebida.

El despido de una empleada de hogar tras una intervención quirúrgica que impide temporalmente la prestación de sus servicios, se entiende hecho en circunstancias que vulneran el derecho fundamental a la integridad física o moral del trabajador, por lo que se le declara nulo y debe reconocerse una indemnización por daño moral, con cuantía basada en la LISOS.

La ejecutividad de la resolución administrativa que reconoce el recargo, incluso en el caso de prestaciones no vitalicias como es la IT, consolida el derecho del trabajador a hacerla suya aunque posteriormente se reduzca o anule el derecho por resolución judicial, dada su naturaleza mixta, tanto sancionadora como prestacional.

La finalización del contrato de arrendamiento del local comercial a instancia del arrendador no constituye por sí misma una causa de fuerza mayor para el reconocimiento de la prestación por cese de actividad, especialmente cuando el cese era previsible y el autónomo no ha demostrado haber realizado gestiones para evitar el cierre.

La modalidad contractual adecuada para cubrir el aumento de la carga de trabajo que se produce tras las Navidades, vinculado a la implementación de determinados bonos para la clientela, es el contrato por circunstancias de la producción por incremento ocasional e imprevisible de la actividad, y no el previsto para circunstancias ocasionales pero previsibles con una duración más limitada. La coincidencia de la extinción del contrato a su vencimiento y la situación de IT no implica, automáticamente, discriminación por enfermedad.

Se reconoce el derecho de un pensionista a que se inaplique el coeficiente de parcialidad que el INSS tuvo en cuenta en el cálculo de la carencia específica de la pensión de jubilación, conforme a la legislación vigente en el momento del hecho causante (17-11-2021), ya que de acuerdo con la doctrina constitucional dicha regulación supone una discriminación indirecta por razón de sexo.

Procede el recargo de prestaciones si la empresa no prevé el riesgo de una actividad concreta de tala con una medida de distanciamiento pormenorizada, sino genérica, y no ha existido actividad temeraria o negligencia profesional por parte del trabajador.

A los efectos de la exclusión de la base de cotización en el RGSS de las dietas abonadas, la empresa debe justificar la realidad del desplazamiento del trabajador. Pero no es necesario justificar el gasto previo realizado por el trabajador cuando no superan los límites previstos en el Reglamento del IRPF