Derecho Laboral

Se declara nula la disposición del convenio colectivo que impide a las empresas utilizar los servicios de las ETT en determinados supuestos, por no acreditar razones de interés general que justifiquen estas limitaciones y ser contraria al ordenamiento jurídico. La asociación empresarial está legitimada para impugnar el convenio colectivo, ya que no hace falta acreditar el daño efectivamente causado, bastando con que la demanda por lesividad esté fundada fáctica y jurídicamente.

El TSJ Las Palmas ha concluido que la empresa no puede justificar el despido disciplinario de un trabajador por los insultos vertidos a través del canal interno de denuncias, ya que no van dirigidos a una persona concreta, sino a los canales abiertos en la empresa para la presentación de quejas, lo que les priva de trascendencia pública e impide apreciar un ataque frontal al honor.

El TSJ no tiene competencia objetiva para conocer de un despido que afecta a los 11 trabajadores de un centro de trabajo, teniendo la empresa más de 2.000 trabajadores. Que se proceda a la extinción de todos los contratos de trabajo de dicho centro no supone que se esté ante un despido colectivo, pues la unidad de cómputo de despido es el centro de trabajo cuando éste emplea a más de 20 trabajadores. El supuesto de despido colectivo de toda la plantilla de la empresa requiere el cese de su actividad empresarial, lo que no ocurre en este caso.

Desde el 1-10-2024 la emisión y notificación de la regularización anual para determinar la cotización definitiva al RGSS de los artistas, así como las resoluciones relativas a sus situaciones de inactividad, se efectúan como actuación administrativa automatizada (de forma electrónica sin la intervención de un empleado público), pudiéndose formular recurso de alzada contra dichas resoluciones en el plazo de 1 mes ante la Dirección Provincial de la TGSS que corresponda al domicilio del artista.

Desde el 1-10-2024 las resoluciones de regularización anual de cotizaciones y de actualización del censo de activos de profesionales taurinos se tramitan como actuación administrativa automatizada (sin intervención de un empleado público), pudiéndose formular recurso de alzada contra ellas en el plazo de 1 mes ante la Dirección Provincial de la TGSS que corresponda al domicilio del responsable del pago o al domicilio del profesional taurino, respectivamente.

La responsabilidad del pago de la indemnización por extinción del contrato por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales recae, exclusivamente, en el empresario, aunque el administrador único responsable del acoso sea condenado solidariamente, junto con la empresa, al abono de la indemnización por vulneración de derechos fundamentales.

Si el beneficiario percibe una cantidad de dinero a tanto alzado cuya cuantía no le permite obtener unas rentas periódicas que superen el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extras, se suspende el subsidio durante el periodo de tiempo en que ese ingreso le ha permitido subvenir sus necesidades.

La lesión por accidente laboral de una empleada no constituye recaída, aunque haya existido una IT previa, tenga antecedentes clínicos y se produzca en la misma rodilla ya afectada, cuando ocurre por un suceso traumático distinto que, además, tiene lugar en tiempo y lugar de trabajo.

Vulnera el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador el registro de su despacho sin su presencia ni y la de ningún miembro del comité de empresa o de cualquier otro empleado o Notario, forzando un armario cerrado y accediendo a su cajonera, donde se encontraban enseres personales y material de trabajo.

El TSJ Asturias califica como improcedente, no nulo, el despido por faltas de asistencia injustificadas de una trabajadora en situación de IT que no comunica su baja a la empresa y recuerda que la emisión de un parte de baja médica no exime al trabajador de su deber de comunicar al empresario las circunstancias que le impiden acudir a su puesto con la diligencia debida.

La vinculación de las sentencias que resuelven las sanciones en materia de PRL y los procedimientos posteriores relativos al recargo de prestaciones en cuanto a la existencia de la infracción y a los hechos en que se funda esa apreciación no opera automáticamente, sino que hay que determinar en qué medida y bajo qué circunstancias lo resuelto en la primera puede proyectarse en la segunda.

Con vigencia desde el 19-9-2024 las administraciones sanitarias tienen la posibilidad de emitir la tarjeta sanitaria individual en soporte físico y en soporte virtual, adaptando los medios técnicos necesarios a los requisitos exigidos por la norma.