Derecho Laboral

La asistencia jurídica que excede del asesoramiento sindical gratuito genera una relación contractual independiente. Por ello, cuando un sindicato remite a sus afiliados a un despacho externo para la prestación de servicios jurídicos, la responsabilidad por la negligencia en la tramitación de reclamaciones laborales recae directamente en los profesionales contratados y no en el sindicato, salvo que se acredite que dichos profesionales actúan bajo la dirección y dependencia del sindicato en el marco de un único contrato de arrendamiento de servicios.

La realización de registros diarios e ilimitados en el bolso de los trabajadores, incluyendo la exigencia de mostrar el número IMEI de su teléfono móvil, sin causa justificada ni sospecha previa, constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad y dignidad del trabajador. Por el contrario, son válidos los realizados de forma puntual ante indicios razonables de hurtos, respetando la dignidad e intimidad del trabajador y con la presencia de representantes de los trabajadores.

El cómputo del plus de antigüedad para trabajadores con contratos temporales sucesivos debe realizarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos, garantizando así la igualdad retributiva entre trabajadores temporales e indefinidos. Un cambio empresarial en la forma de cómputo del complemento vulnera el principio de buena fe y la prohibición de actuar contra los actos propios.

La Administración autonómica encargada de la vacunación contra el COVID-19 no es responsable de los efectos adversos producidos por la inoculación de las vacunas en el contexto de emergencia sanitaria; solo es responsable por daños derivados de mala praxis, incumplimiento de la lex artis ad hoc o falta de diligencia debida.

Los días de libre disposición requieren un período previo de trabajo efectivo de tres meses por cada día y no pueden disfrutarse antes de haberlos devengado. Sin embargo, los períodos de incapacidad temporal sí computan a efectos de su devengo.

Se ha publicado el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2026.

Con ello, se derogan las prórrogas, aprobada hasta el 31-12-2026, en relación a la prohibición de despedir por causas objetivas en base al incremento de los costes energéticos por la invasión de Rusia a Ucrania, a empresas receptoras de ayudas públicas, incluidas las acogidas previamente a ERTEs, y la de la moratoria contable de las pérdidas de 2020-2021 (periodo COVID) a efectos de concurrencia de la causa legal de disolución societaria por pérdidas.

Están sujetas a límites para extinguir contratos de trabajo por causas objetivas, las empresas beneficiarias de ayudas directas o que apliquen medidas de regulación temporal de empleo (ERTE) por las inundaciones registradas en diversos municipios.

Se prorrogan un año más, hasta el 4-3-2027, las tarjetas de identidad de extranjero (TIE) ya expedidas a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania que sean beneficiarios de protección temporal en España, sin que sea necesario obtener una nueva.

Se actualizan para 2026 las cuantías indemnizatorias del baremo de daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación, que son tenidas en cuenta para valorar los daños por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se prohíbe la reducción definitiva de los puestos de trabajo por causas ETOP o fuerza mayor y se establece el procedimiento para la suspensión de contratos y reducciones de jornada de los socios trabajadores de cooperativas incluidos en el RGSS, que tengan como causa directa los daños producidos por los fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

La suspensión de contratos temporales como consecuencia de los daños ocasionados por las inundaciones supone la interrupción del cómputo tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.