Derecho Laboral

En caso de un accidente de trabajo sufrido por una trabajadora de una empresa privada al caerle una tapa de un contenedor municipal, la jurisdicción social es la competente para conocer la acción de reclamación de daños y perjuicios frente a la empresa empleadora, y el orden contencioso-administrativo es el competente para conocer la responsabilidad patrimonial de la Administración respecto de la entidad pública y su aseguradora.

Se declara la improcedencia del despido disciplinario de una auxiliar técnica educativa de un centro residencial de atención a menores al no apreciarse negligencia grave en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, valorando la ausencia de protocolos estrictos de actuación y la carga de trabajo. La gravedad a la que ha de atenderse para la calificación de la infracción es la de la conducta de la trabajadora, no la de la conducta que, en su caso, pudieran cometer los menores a su cargo.

La cesión de informes médicos del centro médico a la empleadora, sin consentimiento explícito del trabajador, puede constituir un incumplimiento de la normativa de protección de datos, pero no un delito de descubrimiento y revelación de secretos si no hay un dolo reforzado y la finalidad de perjudicar o vulnerar la intimidad.

La empresa puede hacer elegir, un determinado año, a los trabajadores que perciben una cesta de Navidad como condición más beneficiosa adquirida por su mayor antigüedad, entre recibirla como todos los años o un cheque regalo que, de manera puntual, va a recibir ese año el resto de la plantilla, sin que ello suponga pérdida del derecho a seguir percibiendo la cesta de Navidad en los siguientes años.

Acreditada la existencia de un conflicto jurídico entre las partes, la inexistencia de un conflicto real y actual, no conlleva la inadecuación del procedimiento de conflicto colectivo, sino la desestimación de la demanda por falta de acción.

Es un criterio válido para definir el ámbito de aplicación de un convenio colectivo que más del 60% de la facturación provenga de la administración pública. Este criterio es objetivo y homogéneo, estable y no arbitrario. Aunque el porcentaje puede variar con el tiempo, ese cambio no implica inestabilidad, sino que refleja la evolución económica de las empresas, como ocurre con otros factores que también pueden influir en el cambio de convenio.

El tiempo dedicado por los trabajadores a los desplazamientos obligatorios de ida y vuelta desde un lugar determinado por el empresario hasta el lugar de prestación de servicios, realizados en un vehículo de la empresa y a la hora fijada por él, se considera como tiempo de trabajo.

Se ha publicado el IV Plan para la igualdad de género en la AGE y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

Convenios colectivos

No es posible aplicar la presunción de laboralidad a un accidente que provoca una IT si no se articula prueba suficiente de su conexión con el trabajo. Y la no aplicación de la presunción de laboralidad en la sentencia de instancia no se puede revisar en suplicación si no se alteran los hechos que constan en aquella.

El relevista debe mantener una cotización no inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los 6 últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial, sin que aquel porcentaje deba, a su vez, estar afectado por el porcentaje de jornada que dicho trabajador realice.

El contrato de interinidad por sustitución no se desvirtúa por el hecho de que el trabajador sustituto desempeñe funciones distintas a las del sustituido, siempre que el contrato identifique claramente al trabajador sustituido y la causa de la sustitución, y que la duración sea la del tiempo que dure su ausencia. Si el contrato se celebra para sustituir a un trabajador adscrito temporalmente a otro puesto de trabajo, su duración podrá exceder de 12 meses cuando se produzca la suspensión del contrato y el reconocimiento de una excedencia con derecho a reserva de puesto del trabajador de la corporación pública sustituido.