Derecho Laboral

La edad no es la circunstancia definitiva para el reconocimiento o denegación de la IPT del deportista profesional, sino que lo que ha de constatarse es si, a consecuencia de su patología, ha perdido capacidad para realizar las tareas esenciales de su profesión con normalidad, seguridad y rendimiento mínimo.

Se declara la nulidad parcial de la oferta empleo público de estabilización en la AGE por la omisión de la reserva legal de plazas para personas con discapacidad.

Exigir al empresario que, al contratar, adopte medidas de comprobación de la identidad de los trabajadores es desmesurado, resultando suficiente con que su conducta se acomode a las reglas de la buena fe y al comportamiento de un ciudadano medio.

La Comunidad Autónoma del País Vasco asume, a través de sendos Convenios previstos en su Estatuto de Autonomía, la gestión de las prestaciones familiares y del subsidio por nacimiento y cuidado de menor, ambas en su modalidad no contributiva, la de la protección por desempleo y la del seguro escolar.

Convenios colectivos

El recargo por mora carece de naturaleza sancionadora y se aplica automáticamente cuando no se paga en plazo la deuda con la Seguridad Social, salvo cuando el ingreso tardío sea imputable a un error de la Administración, no siendo posible aplicar principios de índole material (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) que modulen la exigibilidad del recargo en atención a las circunstancias concurrentes.

Los sindicatos más representativos a nivel estatal tienen derecho a participar en la comisión negociadora de un convenio colectivo sectorial autonómico, aunque, en ese ámbito específico, su representación sea escasa o inexistente. y la exclusión de estos sindicatos de la comisión negociadora conlleva la nulidad de los acuerdos adoptados, incluido el convenio colectivo.

El TS ha anulado en parte el RD 402/2025 por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores. La anulación afecta a la atribución de la legitimación sindical exclusivamente a las organizaciones más representativas a nivel estatal o autonómico, y a la exigencia de aportar la identificación fiscal de los trabajadores en la solicitud.

Con efectos desde el 6-3-2026, se regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, vía adicional para que las personas interesadas que se encuentren en territorio nacional presenten sus solicitudes y procedimientos en materia de extranjería mediante representación -los colaboradores de extranjería-.

La Administración autonómica encargada de la vacunación contra el COVID-19 no es responsable de los efectos adversos producidos por la inoculación de las vacunas en el contexto de emergencia sanitaria; solo es responsable por daños derivados de mala praxis, incumplimiento de la lex artis ad hoc o falta de diligencia debida.

Con ello, se derogan las prórrogas, aprobada hasta el 31-12-2026, en relación a la prohibición de despedir por causas objetivas en base al incremento de los costes energéticos por la invasión de Rusia a Ucrania, a empresas receptoras de ayudas públicas, incluidas las acogidas previamente a ERTEs, y la de la moratoria contable de las pérdidas de 2020-2021 (periodo COVID) a efectos de concurrencia de la causa legal de disolución societaria por pérdidas.

El cómputo del plus de antigüedad para trabajadores con contratos temporales sucesivos debe realizarse desde la fecha de ingreso en la empresa, sin descontar los periodos de inactividad entre contratos, garantizando así la igualdad retributiva entre trabajadores temporales e indefinidos. Un cambio empresarial en la forma de cómputo del complemento vulnera el principio de buena fe y la prohibición de actuar contra los actos propios.