Derecho Laboral

El porcentaje adicional de la pensión de jubilación por acceder a ella a una edad superior a la ordinaria, debe reconocerse también cuando el beneficiario percibe además otra pensión contributiva. El límite máximo de pensiones no puede impedir el acceso al incentivo, de modo que si la suma total lo supera, el porcentaje adicional no utilizado se aplica sobre el citado límite, sin que la cuantía final pueda superar el tope máximo de cotización.

No existe obligación legal de negociar previamente con la representación legal de los trabajadores el acuerdo tipo de trabajo a distancia si se garantiza el derecho de información y consulta y el convenio colectivo aplicable no lo impone.

La adopción de medidas cautelares en procesos de denuncia por acoso sexual debe realizarse tras la audiencia al denunciado y con indicios suficientes, evitando actuaciones que lesionen el derecho al honor y la dignidad del trabajador, especialmente cuando la denuncia resulta falsa y causa perjuicios reputacionales y psicológicos.

El incumplimiento por la empresa de la obligación de especificar en el contrato a tiempo parcial la distribución de las horas ordinarias de trabajo no determina en todo caso y de manera automática la transformación en un contrato a jornada completa, si existe prueba de que efectivamente se trataba de una prestación de servicios a jornada parcial.

No se considera enfermedad profesional la hipoacusia (sordera) de un trabajador, a pesar de estar sometido a un nivel sonoro superior a 80 Db en su trabajo, al utilizar protección acústica y no quedar demostrado su origen profesional.

La orden empresarial que impone el uso compartido de un ordenador proporcionado inicialmente a un trabajador bajo su custodia exclusiva, prohibiendo el cambio de contraseña y sin un protocolo claro y previo acuerdo con la representación de los trabajadores, vulnera su derecho fundamental a la intimidad, especialmente cuando dicha instrucción se impone tras la readmisión por despido nulo y sin información suficiente sobre el uso compartido.

Convenios colectivos

La concesión, en la misma carta de despido, de un plazo de 3 días para formular alegaciones no es suficiente para considerar cumplido el trámite de audiencia previa, lo que determina la improcedencia del despido. Se descarta la vulneración de la garantía de indemnidad vinculada a posibles represalias empresariales ante la actitud reivindicativa del trabajador, así como la existencia de discriminación por motivos de salud, al constar acreditados los incumplimientos imputados en la carta de despido.

El paro de 10 a 15 segundos de duración al inicio de los partidos de una jornada de liga, como protesta frente al traslado de uno de los partidos de la LNFP fuera del territorio español, no constituye huelga dado que tuvo nula trascendencia en el desarrollo de la jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencias. En ese caso, la medida queda encuadrada en la libertad de expresión.

La conservación de ventajas del convenio anterior exige que su pérdida de vigencia coincida con la entrada en vigor del nuevo convenio. La comparación entre ambos regímenes debe hacerse en cómputo global y anual, sin selección aislada de cláusulas favorables.

La renuncia a la pensión compensatoria tras la separación judicial no excluye por sí sola el acceso a la pensión de viudedad. La condición de víctima de violencia de género puede acreditarse aunque no exista sentencia condenatoria ni orden de protección, pero sí la concurrencia de denuncia, parte médico y una conexión temporal razonable entre el maltrato y la ruptura.

La extinción de una pensión no contributiva por superar, años después de haber sido reconocida, el límite de ingresos fijado legalmente constituye, al igual que la solicitud de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, un acto de gestión ordinaria, por lo que no es necesario que la administración inicie el procedimiento de revisión judicial de actos declarativos de derechos.