Derecho Laboral

Convenios colectivos

Se determina la composición organización y funciones de los equipos multiprofesionales encargados de la calificación y reconocimiento del grado de discapacidad en al ámbito del IMSERSO (ciudades de Ceuta y Melilla).Asimismo, se desarrolla el procedimiento a seguir para la valoración del grado de discapacidad en su ámbito territorial.

Se clarifica el ámbito de aplicación y se reduce la jornada general a 35 horas semanales, además de establecer medidas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.

La comunidad autónoma de Navarra no tiene competencias para incorporar los puestos de conductor auxiliar y peón auxiliar de bombero dentro de la categoría profesional de bombero, permitiéndoles de esta manera el acceso a la jubilación anticipada. Los coeficientes reductores de la edad de jubilación forman parte de la regulación básica estatal y su establecimiento o extensión corresponde a la normativa estatal, por lo que es inconstitucional la norma autonómica que extiende sus efectos a supuestos no previstos en aquella.

Ni la figura del indefinido no fijo ni las indemnizaciones topadas, ni un régimen genérico de responsabilidad de la Administración, ni los procesos de estabilización abiertos a terceros constituyen, en su conjunto, una medida adecuada a las exigencias del Derecho de la Unión Europea porque no sancionan eficazmente el abuso y no eliminan sus consecuencias.

En caso de ERE que afecte a trabajadores mayores de 55 años, la obligación principal de suscribir el convenio especial de cotización recae en la empresa. La TGSS solo está obligada a suscribir dicho convenio cuando sea solicitada por alguna de las partes y no tiene responsabilidad solidaria por incumplimientos empresariales ni por la falta de solicitud del trabajador.

Cuando el trabajador incumple un pacto de no competencia postcontractual declarado nulo, por haber configurado la compensación como cualquier incremento de salario que el perciba por encima del salario fijado en el convenio colectivo, no está obligado a devolver tales cantidades percibidas, dado que tienen naturaleza salarial y no indemnizatoria.

Un trabajador que posee menos del 25% (en concreto, el 24,42%) de participaciones sociales, es miembro del consejo de administración y aparece en nómina como director de costes, sin constar que su cargo implique funciones de dirección y gerencia efectivas, debe ser considerado trabajador por cuenta ajena protegido por el FOGASA.

Con vigencia desde el 10-4-2026, se modifica la Ley de Contratos del sector público con relación a los contratos reservados, reforzando la reserva a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Se sustituye el contrato temporal de fomento de empleo por el nuevo contrato de transición al empleo ordinario y se adapta a esta circunstancia la regulación de las bonificaciones que corresponden por la contratación de personas en riesgo o situación de exclusión social.

La prestación del Ingreso mínimo vital queda modificada en referencia a los requisitos de acceso y a la actualización de la cuantía, entre otras cuestiones. Así, en las solicitudes de revisión por cambios en la unidad de convivencia por salida de un miembro del domicilio, con efectos desde el 10-4-2026, no se exigen los seis meses de residencia continuada para quienes permanecen en ella; y la cuantía se actualiza dos veces al año en función de los ingresos computables del ejercicio anterior, siendo la primera provisional y la segunda definitiva.

Las bonificaciones previstas para los supuestos de alta inicial en el RETA (particularmente la «tarifa plana») no se aplican en los supuestos de alta en el RETA por parte de profesionales colegiados que, al tiempo de iniciar el ejercicio de su actividad por cuenta propia, han optado por integrarse en la mutualidad de previsión social de su colegio profesional y, en un momento posterior, deciden darse de alta en dicho régimen especial.