Derecho Laboral

La solicitud de abogado de oficio, efectuada por el trabajador y no comunicada al órgano judicial antes de la finalización del plazo procesal, no suspende el plazo para preparar el recurso.

Las cotizaciones abonadas por el SEPE para la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo no deben incluirse en el cómputo de los ingresos del beneficiario a efectos del reconocimiento y conservación de una prestación no contributiva, por no considerarse rentas o retribuciones en especie computables.

Las retribuciones del personal al servicio del sector público se incrementan, para 2025, en un 2,5 % y, para 2026, un 1,5 % que puede alcanzar el 2 %, en función de la variación del IPC.

Con vigencia desde el 5-12-2025, se ha publicado la Ley de Movilidad Sostenible que, en al ámbito laboral, incluye la obligación de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo. Deben implantarlos las empresas y las entidades del sector público con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o de 100 por turno y tienen hasta el 5-12-2027 para elaborar e implementar sus planes.

El TS reitera que los periodos de ERTE COVID-19 no se consideran como tiempo de cotización a efectos de generar una nueva prestación por desempleo, puesto que la normativa del COVID-19 no introduce una nueva regla que altere la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.

El personal del sector ferroviario adscrito al servicio de restauración y atención a bordo de los trenes, tiene derecho a que, tanto las horas de presencia empleadas en el día de reserva como las horas de presencia por averías, constituyan jornada laboral siendo computadas como tiempo efectivo de trabajo.

La exigencia convencional de que los miembros del comité interempresas sean designados de entre los miembros de los comités de empresa no puede entenderse en términos excluyentes respecto a los delegados de personal, especialmente cuando estos han resultado elegidos en procesos electorales válidos y en centros de trabajo reconocidos.

En un despido colectivo, la exclusión de trabajadores mayores de 55 años no constituye discriminación por razón de edad cuando se justifica objetivamente por la vulnerabilidad de dicho colectivo y se adoptan medidas efectivas para mitigar los efectos negativos del despido, siendo válido el acuerdo mayoritario alcanzado en el periodo de consultas que respalde la concurrencia de las causas para la extinción de contratos.

El TS ha declarado nula la disp.adic.1ª del RD 893/2024, por la que se establecen obligaciones preventivas específicas para los servicios de ayuda a domicilio. La anulación se fundamenta en la insuficiencia del análisis económico y de impacto en la competencia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Se ha publicado el nuevo Estatuto del Personal de las Cortes Generales para actualizar y modernizar el funcionamiento de la Administración parlamentaria y para recopilar todos los cambios normativos producidos en los últimos años.

Cuando el trabajador que reclama una indemnización de daños y perjuicios por enfermedad profesional fallece antes de dictarse la sentencia, la cuantía indemnizatoria es la que se fija en el momento de dictar sentencia (o en el que hay acuerdo entre las partes) y no la que fijaba la demanda interpuesta por aquel.

A partir del 17-11-2025 se deroga el RD 1529/2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. No obstante, se mantiene vigente lo referido a la formación profesional dual educativa (RD 1529/2012 art.28 s.) en los ámbitos en los que se esté aplicando, y durante el periodo transitorio establecido para la transición del sistema de beca para la formación profesional dual al contrato de formación en el régimen de formación profesional intensiva, que finaliza el 31-12-2028 (LO 3/2022 disp.trans.5ª).