Derecho Laboral

Si una empresa contrata dos pólizas para cumplir el compromiso establecido en el convenio colectivo de asegurar el riesgo por fallecimiento e incapacidad de su personal en caso de accidente de trabajo, estamos ante un seguro múltiple o concurrencia de seguros, y no procede el doble pago de la indemnización, sino la responsabilidad solidaria de ambas aseguradoras.

El acceso al recurso de suplicación procede cuando la suma de las pretensiones acumuladas supera los 3.000 euros, aun cuando la cuantía anual del derecho reclamado sea inferior. Además, si en el mismo proceso se acumulan varias acciones y solo alguna de ellas es recurrible en suplicación por superar el umbral legal, el recurso de suplicación es procedente igualmente.

La falsificación mediante la creación o alteración de un documento digital que simula un parte de baja médica oficial, destinado a justificar una ausencia laboral y obtener un beneficio económico, constituye un delito de falsedad en documento oficial.

En el supuesto de un beneficiario de una pensión de incapacidad permanente, que percibe del complemento de gran incapacidad, el complemento de maternidad por aportación demográfica se calcula sobre la cuantía inicial de la pensión contributiva, sin sumar el complemento de gran incapacidad.

El uso por un sindicato de una denominación y logotipo que, aunque no idénticos en su totalidad, sean suficientemente similares y puedan inducir a error o confusión sobre su identidad respecto a otro sindicato registrado, vulnera el derecho fundamental de libertad sindical, debiendo ordenarse el cese inmediato de dicha conducta y la reposición de la situación anterior.

Convenios colectivos

Se anula la disposición que enumera los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los Estados miembros con salarios mínimos legales a la hora de fijar y de actualizar esos salarios, así como la norma que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática.

Posibilidad de solicitar los aplazamientos de pago establecidos inicialmente para empresas y trabajadores por cuenta propia con domicilio o actividad en localidades afectadas por la DANA, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de noviembre de 2025 a enero de 2026, en el caso de empresas y autónomos incluidos en el RETM, y entre los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026, en el caso de autónomos incluidos en otro régimen especial de la Seguridad Social, con aplicación del régimen jurídico establecido en la norma anterior

El ejercicio de una acción de impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, por la aplicación de un convenio colectivo distinto, declarada nula por sentencia judicial y que obliga a reponer a la trabajadora en sus condiciones originales, interrumpe el plazo de prescripción de la acción para reclamar con posterioridad diferencias salariales.

No justifica la incomparecencia a un reconocimiento médico de control de la IT, el tratamiento farmacológico de una enfermedad mental que produce olvidos como posibles efectos secundarios, si no se acredita que la persona trabajadora presenta problemas de atención o memoria que le impidan recordar una cita médica previamente programada.

No debe computarse la pensión de alimentos reconocida a la unidad familiar cuando se trate de una renta que no se ha obtenido efectivamente, sin que pueda exigirse a la beneficiaria que denuncie o interponga demanda ejecutiva contra su expareja a efectos de poder acreditar el impago.

Se definen los criterios generales y operativos, así como el procedimiento, para identificar y reconocer procesos irreversibles y de alta complejidad sujetos al ámbito de aplicación de la Ley ELA (L 3/2024). También se establece un listado indicativo de enfermedades y los modelos de solicitud.