Derecho Laboral

Es la valido un ámbito funcional del convenio colectivo que se define con criterios objetivos, homogéneos y razonables, incluyendo elementos económicos y organizativos como la existencia de marcas comerciales de gran implantación, y que se ajusta a la estructura de negociación colectiva prevista. La mera coincidencia temporal con reformas laborales no implica fraude de ley ni abuso de derecho en la negociación colectiva.

Los trabajadores designados para realizar servicios mínimos durante una huelga tienen derecho a percibir la totalidad de su salario, independientemente de si realizaron o no trabajo efectivo durante todo el período de huelga, dado que su contrato no se suspende y permanecen a disposición de la empresa.

Los hijos de personas nacidas en el Sáhara Occidental durante la etapa en que este se hallaba bajo autoridad española no pueden acogerse a la autorización de residencia temporal por razones de arraigo familiar.

Cuando una persona trabajadora con una IPT reconocida desempeña con normalidad y sin disminución de rendimiento las tareas de un puesto específicamente adaptado a sus condiciones de salud, la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo, sin ofrecer o implementar los ajustes razonables necesarios, constituye un despido nulo por discriminación.

El importe de las pagas extraordinarias que tiene derecho a percibir el personal con relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud debe ser, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación, sin que proceda la inclusión de otros complementos, como los de atención continuada y jornada complementaria, o del plus de residencia o autonómico, salvo mejora pactada en negociación colectiva o acuerdo individual.

El TS reitera que los periodos de ERTE COVID-19 no se consideran como tiempo de cotización a efectos de generar una nueva prestación por desempleo, puesto que la normativa del COVID-19 no introduce una nueva regla que altere la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.

Aunque no se trate de una situación de urgencia vital en sentido estricto, el deterioro en la salud del trabajador y la ineficacia del tratamiento proporcionado por la mutua, justifican la asistencia médica privada especializada y el derecho al reembolso de los gastos sanitarios abonados en este ámbito.

No es posible aplicar la presunción de laboralidad a un accidente que provoca una IT si no se articula prueba suficiente de su conexión con el trabajo. Y la no aplicación de la presunción de laboralidad en la sentencia de instancia no se puede revisar en suplicación si no se alteran los hechos que constan en aquella.

Cuando no haya coincidencia entre la actividad preponderante de la empresa auxiliar empleadora con la actividad que se desarrolla en una determinada contrata, los trabajadores quedan encuadrados en el convenio que resulte de aplicación en la actividad subcontratada que, a su vez, puede coincidir o no con el aplicable a la empresa principal.

Si una empresa contrata dos pólizas para cumplir el compromiso establecido en el convenio colectivo de asegurar el riesgo por fallecimiento e incapacidad de su personal en caso de accidente de trabajo, estamos ante un seguro múltiple o concurrencia de seguros, y no procede el doble pago de la indemnización, sino la responsabilidad solidaria de ambas aseguradoras.

Actúa en fraude de ley la sociedad que se constituye formalmente como cooperativa de trabajo asociado, pero en realidad funciona como una mera intermediaria en la cesión de trabajadores. En tal supuesto, la empresa principal ostenta la condición de verdadero empleador, existiendo una relación laboral directa entre esta y los socios cooperativistas.

Es procedente el despido disciplinario de trabajadores que, fuera del horario laboral, celebran una fiesta en el aparcamiento, consumiendo bebidas alcohólicas y accediendo reiteradamente al interior para tomar productos de la empresa, causando así un perjuicio económico y a la imagen de la empresa. La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza constituyen incumplimientos graves que pueden justificar el despido disciplinario, incluso si la conducta se produce fuera del horario laboral, siempre que exista una vinculación con la relación laboral y un perjuicio para la empresa.