Derecho Laboral

En casos de empate en la designación de miembros para un comité intercentros, la composición debe respetar la proporcionalidad basada en el número de representantes electos y no en el número de votos obtenidos, si bien el convenio colectivo puede prever mecanismos adicionales, como atender al número de votos en caso de empate.

Un extranjero sin autorización no puede verse privado de la protección inherente a la contratación, pese a su situación irregular en España, y solo se niega su derecho a percibir las prestaciones por desempleo, pudiendo tener acceso a otras que no resulten incompatibles, como son las prestaciones del FOGASA. Con mayor razón no puede desplegar ese efecto jurídico la pérdida de vigencia de la TIE no renovada en plazo.

El nuevo BNR 1/2026 informa sobre la implantación de las nuevas medidas en la contratación para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género o sexual, así como de la entrada en vigor de la aplicación del coeficiente reductor en la edad de jubilación para los agentes forestales y medioambientales y los cambios en el procedimiento de rescisión de la representación al Autorizado RED.

La empresa puede establecer de modo unilateral un modelo de acuerdo de teletrabajo, para su firma individual por cada trabajador que lo acepte, siempre que respete las previsiones legales y convencionales. También puede elaborar la política de desconexión digital siempre que lo haga previa consulta y audiencia de la representación legal de los trabajadores y con respeto a la ley y al convenio colectivo.

Con el fin de concentrar la regulación en materia de marina mercante dispersa en numerosas normas y facilitar su aplicación y cumplimiento, se publica el RD 1188/2025 que modifica determinadas normas en esta materia.

No constituye acoso laboral ni vulneración de derechos fundamentales una única actuación negativa puntual por parte de un superior jerárquico que afecta a la retribución y al aislamiento profesional del trabajador, salvo que concurra un plus de intensidad cualitativa o reiteración en el tiempo que justifique la calificación de acoso.

Cuando la comunicación del despido se realiza por correo electrónico a una dirección personal no habitual y sin consentimiento expreso del trabajador, pero este accede y conoce su contenido en un plazo de tres días hábiles, la notificación se considera válida y el despido procedente, siendo la fecha de efectos la del conocimiento efectivo por el trabajador y no la fecha de envío de la comunicación.

Se prorroga la vigencia del mecanismo RED para el sector de la fabricación de vehículos de motor activado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23-12-24, para que las empresas que cumplan los requisitos previstos en dicho acuerdo puedan solicitar la aplicación de medidas de reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Se modifican las normas de seguimiento y control de las acciones de formación en el trabajo y se establece una percepción económica por asistencia diaria a las acciones formativas para las personas desempleadas de las ciudades de Ceuta y Melilla y personas desempleadas de atención prioritaria.

Con vigencia desde el 15-1-2026 se actualizan los modelos de hoja estadística cuya aportación es necesaria para el registro y depósito de convenios colectivos y planes de igualdad. Las modificaciones afectan a las hojas estadísticas de los convenios de empresa, de los convenios de sector y de las revisiones salariales. La actualización no altera el procedimiento de depósito ni los derechos y obligaciones sustantivos de los convenios, únicamente mejora la recogida de información estadística.

El personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la AGE, a partir del 30-1-2026, va a poder solicitar la evaluación de los méritos investigadores o de transferencia del conocimiento.

El devengo de intereses moratorios en reclamaciones de cantidades reconocidas judicialmente comienza desde la fecha en que la deuda debió ser satisfecha, independientemente de la fecha de firmeza de la sentencia que declara la nulidad de las medidas.